Por: Redacción/

Rafael Hernández Soriano, presidente de la Comisión que da Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto en la Cámara de Diputados, urgió a la PGR actuar con celeridad y sin concesiones en contra de todos los involucrados, públicos y privados, en la venta de combustible robado a Pemex para ser comercializado entre transportistas contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

El diputado federal del PRD sostuvo que la pasividad con que la PGR, a cargo de Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho, lleva a cabo la carpeta de investigación sobre las denuncias de robo y venta de combustible, refuerza el mensaje de impunidad y complacencia en la comisión de un delito federal.

Lamentó la lentitud de la PGR respecto a la denuncia de hechos presentada en marzo pasado luego de que vecinos del municipio de San Juan Teotihuacan ubicaron un depósito de combustible robado.

Recordó que en julio del 2017 medios informativos también documentaron la venta de combustible robado para suministrar a transportistas contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM); sin embargo, el lento accionar de la justicia del Estado de México y de la PGR son incentivos para que la delincuencia organizada “sea uno más de los socios” del gobierno federal en la obra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Hernández Soriano sostuvo que las complicidades en el “huachicoleo” alcanzan a altos funcionarios que, tal parece, gozan de total protección para avanzar a costa de lo que sea en la construcción del aeropuerto, la obra multimillonaria del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La pretensión de que el nuevo aeropuerto sería la obra emblemática del actual sexenio “está salpicada por la omisión y la negligencia”, además “se empañó” por la opacidad con que la SCT, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, desarrolla todo el proceso que tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

El diputado federal indicó que hay pruebas contundentes del ecocidio generado en las áreas de extracción de material pétreo por parte de empresas, varias de ellas operan clandestinamente y otras más, igual sin permisos, ignoraron protocolos de seguridad en la utilización de explosivos generando daños en viviendas y poniendo en riesgo la vida de la población y de patrimonio cultural.

El presidente de la Comisión Especial que da Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto urgió a la PGR a abandonar su zona de confort y atender la comercialización de combustible robado en la construcción del aeropuerto, para ello, dijo, tiene que aplicar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Detalló que el artículo 10 de dicha ley establece penas para “quien auxilie, facilite o preste ayuda, por cualquier medio para la realización de las conductas previstas en los artículos 8 y 9”, y se impondrán hasta tres cuartas partes de las penas correspondientes.

Asimismo, añadió, “se sancionará hasta en una mitad más de las penas que correspondan al que cometa dichas conductas, cuando: a) Se realice en plataformas y demás instalaciones en altamar, propiedad o en uso de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, o b) Utilice información o datos obtenidos ilícitamente sobre el funcionamiento de la operación, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores”.

Hernández Soriano dijo que el artículo 18 establece que “se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y multa de 15,000 a 25,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, a quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada en esta Ley”.

Subrayó que si el encargado de despacho de la PGR no quiere actuar, recae en él también una responsabilidad, y el reciente e irresponsable deslinde de Jorge Alarcón, coordinador de Enlace Sectorial del GACM en el sentido de que es responsabilidad del sindicato de transportistas, no lo exime de, al igual que al director del Grupo, Federico Patiño, de tener conocimiento de ese ilícito federal.

La venta de combustible robado es sólo uno de los delitos vinculados a la construcción del aeropuerto y la omisión para combatirlo ya ha generado muertes, señaló el legislador federal.