Por: Redacción 

La tortura es una de las acciones más denigrantes dentro de una sociedad: lesiona la dignidad y personalidad de las víctimas y nadie tendría derecho a ejercerla, destacó Gloria Angélica Careaga Pérez, coordinadora del Área de Estudios en Sexualidades del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está considerada como crimen en el derecho internacional. A nivel global, en todos los instrumentos está prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. La práctica sistemática y generalizada de este hecho constituye un crimen contra la humanidad.

Con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora hoy, 26 de junio, señaló que las redes delincuenciales dedicadas a la trata de personas, turismo sexual y narcotráfico están cruzadas por la impunidad, lo que necesariamente da pie al desarrollo de estas acciones. Es decir, estas redes, que transitan por debajo de la legalidad en nuestro país, contribuyen de manera importante a ‘naturalizar’ este tipo de acciones, aunque a la víctima le hayan roto la dignidad.

Ésta es una acción que predominantemente se realiza a partir de la autoridad. “Son las fuerzas de seguridad, precisamente las encargadas de la protección de los derechos y de proveer justicia a la población, quienes muchas veces la ejercen, lo que provoca que los juicios se empantanen o desechen por un procedimiento que va en contra de los derechos humanos”, sostuvo Careaga Pérez.

Pese a que México fue uno de los signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, hasta hace poco comenzó a impulsar la discusión al respecto. Por décadas estuvieron ausentes en los discursos y en la cultura nacional, y de ahí las consecuencias y dificultades para que hoy sean reconocidos como un valor fundamental en la vida de las personas.

Se asume que la tortura forma parte de los procesos de impartición de justicia, y ésa es una práctica que debe erradicarse; es decir, reconocer que violenta derechos. Para lograrlo, es necesario que las autoridades tengan una posición clara en contra.

Careaga Pérez planteó la importancia de que las autoridades asuman una campaña a favor de la cultura de los derechos humanos. Sin embargo, abundó la también académica de la Facultad de Psicología, existen intereses involucrados y eso dificulta el proceso.

A veces, cuando se ha castigado a algunos ejecutores de tortura o de violación de los derechos humanos, no siempre aducen que sea resultado de una orden, sino de lo que creyeron que querían sus superiores. “El sistema es tan perverso que ya el ejecutor está quedando bien con su autoridad”, subrayó.

El desafío es romper con la institucionalización de la tortura. El problema es que al ser aceptado como parte del proceso de procuración de justicia, su práctica se institucionaliza. “Probablemente, si no lográramos erradicarla definitivamente, por lo menos no debiera ser un acto natural de los procesos. Ése es el reto que tenemos enfrente”.

En ese sentido, abundó Careaga Pérez, conmemorar esta fecha cada año “nos lleva a reflexionar en torno a cuál es la situación que vivimos en México”. Y remató:

“Habría que apostar porque en realidad hubiera un proceso de profesionalización más claro, no sólo en el uso de las tecnologías más avanzadas para el desarrollo de investigaciones oportunas y expeditas, sino en el terreno de los derechos humanos”.