Por: Redacción

Durante el foro: “Alternativas democráticas ante las deportaciones masivas”, el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que este es un tema central; sin embargo, reconoció que no es algo nuevo para México, ya que “tan sólo en el gobierno de Obama, en el 2016, expulsaron a 219 mil connacionales, y de 2013 al año pasado el flujo de mexicanos repatriados ascendió a casi un millón de personas”.

No obstante, el tema, en las actuales circunstancias, se ha convertido en el gran reto para México, debido a la existencia de una crisis migratoria y de derechos humanos, subrayó.

Se trata, enfatizó, de un fenómeno de gran complejidad que no sólo implica el desplazamiento de adultos, sino de familias enteras y de menores de edad que, desafortunadamente, viajan solos.

Zambrano Grijalva precisó que “hoy más que nunca debemos asumir los retos del momento actual. Es una tarea de todos, por lo que tenemos que unir esfuerzos entre legisladores, autoridades, líderes de opinión, expertos, académicos y activistas de ambos lados de la frontera, en apoyo a los migrantes”.

Destacó que México es el país con mayor número de migrantes, después de la India y, solo después de Rusia, es la nación con el mayor número de mujeres en esa condición.

Resaltó que nuestro país es el mayor receptor de remesas, ya que tan sólo en el 2016, siete de cada 10 migrantes mexicanos enviaron dinero a sus localidades de origen. Los envíos hacia México en ese año duplicaron la tasa de crecimiento, acotó.

El director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), ministro Jacob Prado González, dijo que ante las recientes medidas contra migrantes, “tenemos que fortalecer equipos legales, a fin de hacer frente a un mayor número de casos en la detección específica de patrones violatorios a preceptos constitucionales, para instrumentar acciones de litigio estratégico de manera colectiva”.

Señaló que la SRE trabaja para que los consulados se conviertan en auténticas defensorías de los derechos humanos de los connacionales, tal como lo señaló el presidente de la República. Por ello, agregó, “estamos creando centros de defensoría en cada una de nuestras 51 representaciones consulares”.

Precisó que el personal consular deberá establecer nuevas alianzas y fortalecer las ya existentes con organizaciones hispanas, latinas, nacionales y las que existan en cada circunscripción, a fin de ampliar apoyos.

La coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón Cárdenas, sostuvo que cualquier política de Estado debe poner al centro de las decisiones o acciones a la comunidad migrante; “se tiene que ir más allá de un discurso, debemos generar un mensaje claro que se replique en todos lados y permearlo a nivel mundial para que se sepa quiénes somos los mexicanos”.

En cuanto a la deportación de migrantes con antecedentes penales, detalló que de un total de 500 mil sólo 27 mil presentan un delito grave. Esto es importante, destacó, porque solo están generando un estigma sobre ellos y no entienden que muchos tienen recursos y buscan invertir en México, en caso de regresar.

Lo anterior, detalló, representa una oportunidad para impulsar programas productivos a favor de los migrantes.

En su turno, la investigadora del Instituto Mora y miembro del patronato Sin Fronteras, Leticia Calderón Chelius, resaltó que nos encontramos ante la peor encrucijada en materia migratoria; de aprobarse la deportación exprés, los norteamericanos no estarían faltando a la ley, por lo que no se podría atacar legalmente, explicó.

Expresó que México “no puede continuar con la misma política migratoria; por el contrario, se debe cuestionar y analizar desde nuestro país, sobre todo cuando la frontera sur ha sido cuestionada en términos de derechos humanos”.

Insistió en que hay “incapacidad en entender el momento histórico que nos toca atender”.

La académica, activista y diputada constituyente de la Ciudad de México, Tobyanne Ledesma Rivera, coincidió en que se requiere tener una visión integral de Estado sobre el tema migratorio y ampliar perspectivas que ayuden a establecer nuevas políticas y reformas a su favor.

Propuso establecer un sistema de derechos humanos que reconozca a las y los migrantes con visión de leyes federales en armonía con normas locales y políticas públicas; de lo contrario, “seguiremos invirtiendo dinero que no alcanzará para disminuir este impacto de emergencia migratoria”.

En la mesa: “¿Cuál será el impacto económico que tendrá la política migratoria de Donald Trump?”, Carlos Heredia Zubieta, profesor asociado en la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), advirtió que es “absolutamente estratégico crear una política transnacional con empresas y empleadores estadounidenses, así como con legisladores estadounidenses”.

Debido a que el grueso de migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos quiere quedarse allá, necesitamos una estrategia transnacional enfocada en la economía y en el sistema político.

A la fecha, “no hemos podido articular una estrategia coherente que considere las capacidades y los alcances de las comunidades mexicanas en Estados Unidos con lo que se piensa desde Los Pinos, ese es el gran desafío”, apuntó.

El docente e investigador del doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rodolfo García Zamora, reconoció que de 34 años a la fecha, el gobierno mexicano no cuenta con un verdadero proyecto económico de desarrollo en los diferentes sectores y regiones del empleo y de bienestar que beneficie a los migrantes.

“Hoy ni el gobierno federal, ni los estatales ni los municipios tienen alguna propuesta seria estructural de generación de empleo, educación, salud, integración familiar y comunitaria para los migrantes. No tienen capacidad de integrarlos”, sostuvo.

Urge una nueva alternativa de desarrollo económico y social integral que genere por lo menos 1.5 millones de empleos al año que actualmente no existe; se requiere reorientar el modelo actual hacia un desarrollo nacional integral sustentable.

Durante 40 años, nuestro país expulsó 12 millones de mexicanos a Estados Unidos, quienes enviaron una cantidad cercana a 400 mil millones de dólares de remesas, lo que generó una adicción a la migración y a las remesas.

“Hoy que se colapsa esa entrada masiva de migrantes y se amenaza que no podrán enviar esa misma cantidad en remesas, el gobierno mexicano no tiene ninguna propuesta estructural para esos 12 millones de mexicanos”, resaltó.

El secretario del Migrante del Gobierno de Michoacán, José Luis Gutiérrez Pérez, precisó que ha sido una aspiración que se reconozcan los derechos humanos, políticos y electorales de los migrantes y deberá ser “un mecanismo a demandar en Estados Unidos”.

“Que se reconozca al migrante mexicano en sus derechos políticos y electorales no como una situación de privilegios, sino como una situación de igualdad y justicia”, expresó.

En relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada Pascal, dijo que el impuesto que se plantea llevar a cabo castiga las importaciones y exenta las exportaciones; “será un impuesto con un impacto brutal en el comercio”.

La idea de que los migrantes le quitaron el empleo a los estadounidenses es absurda, ya que tan sólo en 1980 se requerían 25 trabajadores para crear un millón de dólares de manufacturas, hoy se requieren 5; es decir, el avance tecnológico es brutal y es un reto para México.

Al evento asistió la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga, quien se congratuló por la realización del foro, y señaló que es fundamental la defensa de los migrantes con una verdadera política de Estado. “Sólo con una visión de unificación y de Estado podremos afrontar ideas xenófobas”.