Por: Redacción/

Ante esta realidad, Michel Forst exhortó al gobierno hondureño a tomar medidas urgentes para garantizar la protección de estas personas tras concluir una visita de diez días al país centroamericano.

“Insto encarecidamente al Gobierno de Honduras a que adopte medidas para corregir los errores y adoptar medidas concretas para hacer frente a los desafíos que se plantean. También pido que se adopten medidas enérgicas, como la elaboración de protocolos de investigación específicos para los delitos contra los defensores y defensoras de derechos humanos, iniciativas para reconocer públicamente el papel positivo que desempeñan y una mejor coordinación entre todas las instituciones del Estado”.

Forst destacó que la falta de rendición de cuentas por los asesinatos y otros delitos cometidos contra los defensores de derechos humanos y periodistas estimula todavía aún más esa violencia contra ellos.

Uno de los países más mortíferos para los medioambientalistas
Forst manifestó estar consternado por el número de disputas relacionadas con la protección de los recursos naturales y los derechos sobre la tierra.

Durante su viaje tuvo la oportunidad de reunirse con muchas personas y comunidades dedicadas a la protección de sus tierras y que se oponen a proyectos de gran escala como la minería, las represas, la explotación forestal o el turismo.

El experto afirmó que “no cabe duda de que existe un patrón general de criminalización y hostigamiento judicial contra quienes denuncian el despojo de sus tierras y quienes defienden los intereses de estas comunidades.”

Instó a las autoridades hondureñas a investigar los ataques contra los defensores de los derechos medioambientales y a que reconocer públicamente el rol que desempeñan como actores clave en la protección de los bienes comunes.

Preocupación por los asaltos contra el colectivo LGTBI
El relator indicó que desde el año 2008 hasta inicios de 2018 hubo casi trescientos asesinatos de personas ligadas a ese colectivo, once de ellas defensores de los derechos humanos.

Señaló como “muy preocupantes” los testimonios de los defensores de las garantías fundamentales de las personas LGBTI que denunciaron la inactividad del Estado de reducir el uso de los medios de comunicación para la incitación al odio contra esas personas.

En sus recomendaciones instó al Gobierno a elaborar protocolos de investigación contra los ataques a los defensores del colectivo LGTBI.

El papel de las defensoras de los derechos humanos
Entre 2016 y 2017 se comunicaron más de 1200 ataques contra las defensoras de los derechos humanos, sus familias u organizaciones de las que formaban parte.

El experto destacó su “fuerza, determinación y resistencia” y que se enfrentan a los mismos riesgos que sus contrapartes masculinas, pero que también sufrieron “amenazas y ataques específicos de género”.

“A menudo son objeto de difamación pública, ataques contra su credibilidad e integridad, agresiones físicas y acoso judicial”, añadió.

Forst solicitó para estas personas medidas de protección con un enfoque específico de género.

El periodismo sigue siendo una profesión de alto riesgo
Entre los años 2001 al 2017, setenta y cinco periodistas fueron asesinados y casi en la totalidad de estos casos (91%) no hubo ninguna condena ni se arrestó a ningún sospechoso.

Los profesionales de la comunicación indicaron ser víctimas de acoso, intimidación y violencia por parte del ejército y la policía en la cobertura de protestas, especialmente durante la crisis postelectoral o las manifestaciones de estudiantes.

Asimismo, manifestaron “haber sido objeto de campañas de descrédito y difamación, así como de amenazas de muerte”.

Durante su estancia en el país centroamericano, Forst visitó Tegucigalpa, La Paz, la Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, Tocoa y Choluteca, y se reunió con cerca de 400 defensores y defensoras de derechos humanos, el 40% de ellos eran mujeres.

El relator presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en marzo del 2019.

Mecanismo Nacional de Protección
La creación de un Mecanismo Nacional de Protección por parte del Congreso hondureño el año 2015 para proteger a los defensores de las garantías fundamentales, periodistas y comunicadores sociales fue “un excelente punto de partida”, según Forst.

El Mecanismo ha proporcionado más de 800 medidas de amparo a 211 personas, la mayoría de ellas defensores de los derechos humanos.

También se han reforzado sus estructuras internas y se ha aumentado su presupuesto alrededor del 60%, aunque representa un porcentaje minúsculo en relación con el presupuesto total del Ministerio de Derechos Humanos

Sin embargo, el experto destacó que es necesario fortalecer y dotar al Mecanismo de un enfoque más amplio que sirva para una mejor protección de los defensores de los derechos humanos.