Por: Redacción/

La Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno federal incurren en omisión para investigar y sancionar el robo de combustible con el que se abastecen transportistas que participan en la construcción del nuevo aeropuerto, denunció el diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano.

Indicó que del 2016 a la fecha se han presentado al menos 65 denuncias, tres de ellas ante la PGR, por diversos delitos, entre ellos al medio ambiente, la destrucción del patrimonio histórico, la venta de combustible robado a Pemex y el uso ilegal de explosivos.

El también presidente de la Comisión Especial que da Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto informó que ayer, miércoles, se reunió con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Díaz Beltrán, para conocer sobre el avance de la denuncia por el robo de combustible y el uso ilegal de explosivos, pero éste le informó sin detalles, que las investigaciones están en trámite y van “lentas”.

Hernández Soriano también anunció que ampliará la carpeta de investigación por el tema del uso de explosivos y la falta de acción de las autoridades del Estado de México, las cuales, a pesar de tener conocimiento del tema por haber acudido al lugar de los hechos, no actúan o lo hacen con lentitud.

En su opinión, las autoridades están “en una situación de omisión, porque ha transcurrido el tiempo suficiente y las procuradurías del Estado de México –del medio ambiente- y la federal debieron haber tomado acciones”.

Explicó que entre esas acciones está haber cancelado los permisos a las minas que están ocupando explosivos sin tener licencia, aquellas minas que tienen en sus inmediaciones depósitos de combustible”, como la de San Agustín, y que sigue funcionando con un tanque resguardado por la PGR, lo que es una acción de omisión y criminal.

De igual forma, sostuvo que “la PGR tiene la evidencia. Nosotros la presentamos. Personas armadas resguardando estos sitios, tienen santo y seña y el señor encargado del despacho no se ha movido de su oficina”.

El legislador federal dijo que al menos 10 municipios del Estado de México sufren las afectaciones ambientales por la construcción del nuevo aeropuerto y urgió a las autoridades a responder por las omisiones.

Consideró que la inacción de las autoridades responsables de investigar y sancionar estos hechos se debe a que existe una “instrucción presidencial de que se construya el nuevo aeropuerto por sobre todas las cosas”.

“La afectación a los vecinos es una omisión presidencial muy grave y que los funcionarios están actuando como empleados del presidente con éste, y no como empleados públicos, están fallando, están siendo omisos de sus responsabilidades.