Por: Redacción/
Bajo el esquema de parlamento abierto y máxima publicidad, legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República participaron en la reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales con los secretarios de Marina, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Protección Ciudadana como parte del análisis de la minuta que crea la Guardia Nacional.
En el encuentro los representantes populares manifestaron a los integrantes del gabinete de Seguridad sus preocupaciones y dudas, principalmente respecto a la probable militarización del territorio nacional y de la falta de claridad acerca de la temporalidad, fiscalización y atribuciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Así, senadores y senadoras manifestaron su voluntad para abatir el problema de inseguridad en el país y de dotar al nuevo Gobierno de los instrumentos que le permitan resolver este problema sin militarizar al país.
Por el Grupo Parlamentario del PAN, el senador Damián Zepeda dejó en claro que su partido está dispuesto a coadyuvar para abatir la crisis de inseguridad que aqueja al país, pero aclaró que también están convencidos que la vía no es la militarización permanente. La propuesta que llega como minuta de Guardia Nacional, dijo, sí contempla un esquema militar que participará en todas las labores de seguridad.
El legislador preguntó por qué no se escucha a los organismos de protección de Derechos Humanos que han manifestado que la participación de las fuerzas armadas debe ser temporal y en zonas específicas, con regulación del uso de la fuerza pública, bajo un mando civil y fiscalizada.
¿Por qué no mejor destinar todos los recursos políticos y materiales que están destinando a la Guardia Nacional al fortalecimiento de la Policía Civil, a un mando mixto que se encargue de robustecer a las policías estatales y municipales o a la creación un instituto de seguridad pública con autonomía técnica y a construir un marco normativo para una ruta de salida de los militares de las calles?, señaló.
Por su parte, el senador perredista Omar Obed Maceda Luna, preguntó a los funcionarios federales si estarían dispuestos a que los elementos de la Guardia Nacional estén bajo el mando y coordinación de agentes del Ministerio Público de la federación, en tareas tácticas y de investigación de conductas ilícitas.
El legislador inquirió si es necesario el diseño de una ley que regule el uso de la fuerza con protocolos de actuación claros y si se contempla en la Guardia Nacional admitir a los elementos que hayan sido separados de sus cargos por exámenes de control y confianza aunque en algún momento se haya dejado nula. También, qué actividades diferentes realizaría esta nueva fuerza, de la que ya realizan actualmente.
¿Por qué no tomar en cuenta a la Corte Norteamericana que ha condenado a México internacionalmente en la creación de la Guardia Nacional?, cuestionó Miguel Ángel Mancera, coordinador Parlamentario del PRD.
La resolución de dicha corte, indica que, para establecer el uso de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, deben considerarse criterios como temporalidad, subsidiaridad y fiscalización. Dijo que al ser considerada como una “policía nacional”, el nuevo cuerpo de seguridad no podrá usar el armamento del ejército para enfrentar a la delincuencia organizada, por lo que estaría en desventaja.
En su intervención, Nancy de la Sierra, legisladora del Partido del Trabajo, mencionó que su fracción apoyará la creación de la Guardia Nacional. No obstante, se refirió a la necesidad de informar a los ciudadanos adecuadamente, ante la confusión que existe, agudizada por algunos actores políticos.
Dijo que un ejercicio realizado por su partido, arrojó que las principales dudas de la población versan sobre las facultades de la Junta de Jefes de Estado Mayor; el impacto de dicha figura al mando civil de la Guardia Nacional, así como la injerencia que tendrá en la junta referida, respecto de los programas operativos, políticas, estrategias y acciones. Además, si los integrantes de la Guardia Nacional que pertenecen o pretenden tener carácter civil, tendrán rangos militares.
En tanto, el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda preguntó si la Guardia Nacional tendrá el andamiaje jurídico para soportar cualquier amparo que alegue violación a derechos humanos. No queremos que “la puerta giratoria” continúe con la nueva figura, aseveró.
Asimismo, el legislador de Movimiento Ciudadano, indicó que la reforma plantea una junta de jefes tripartita, dos fuerzas castrenses y un civil, ¿Qué va a pasar con las decisiones si en un futuro los militares mayoritean al civil?
En su oportunidad, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria aseguró que esta propuesta es la constitucionalización de la militarización. La participación de efectivos militares en labores de seguridad pública sin duda viola derechos humanos.
Ustedes representan otra posibilidad de estructura ¿Cómo van a hacer para abatir la impunidad de los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por Fuerzas Armadas y Guardia Nacional?
En su turno, el senador de Morena, Alejandro Peña, destacó la importancia de una tarea que necesita que todos participemos, para garantizar que en el país se entreguen buenas cuentas a la sociedad, desde el espacio que a cada uno nos toca.
La senadora Martha María Rodríguez Domínguez, de Acción Nacional, preguntó a los funcionarios sobre cuáles serían los controles para las policías locales: cómo se combinaría la Marina y el Ejército en ello. Me gustaría que se reforzara más la Policía Federal, la estatal y la municipal, indicó.
Al dar respuesta a los legisladores, los integrantes del gabinete de seguridad dejaron en claro que con la creación de este nuevo cuerpo de seguridad no se militariza al país. No se reemplazarán a las policías municipales ni estatales, sino se coordinarán para resguardar la seguridad.
En la minuta, aclararon, sí prevé una temporalidad para que las tropas regresen a sus cuarteles y se regulan las condiciones de participación de los elementos de la Guardia Nacional que tendrá un mando civil, porque estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
En este sentido, el secretario de Marina afirmó que en los 18 años en que las Fuerzas Armadas han permanecido en las calles, no ha habido militarización, y dijo que fueron enviados a la batalla sin ningún entrenamiento. Es hora de hacer una policía profesional, subrayó.
Por su parte, Alfonso Durazo respondió que se está proponiendo una fiscalización abierta a cualquiera de los cuerpos de seguridad. “Fiscalización de la sociedad, del legislativo, jurisdiccional e incluso de organismos internacionales son bien venidos, si eso ayuda a garantizar los niveles de tranquilidad para esta Cámara y para la propia sociedad”.
Precisó que se está planteando un transitorio que habilitaría a las Fuerzas Armadas para participar en apoyo de las tareas de seguridad pública, en tanto se logra consolidar a la Guardia Nacional. Estimó un plazo máximo de cuatro años.
Aseguró que la Guardia Nacional actuaría bajo el mando del Ministerio Público en las tareas de investigación. “Serán coadyuvantes”, mencionó.
Aunado a ello, refirió ya se tienen iniciativas para establecer el uso de la fuerza. Tambièn, una Ley Nacional de Registro de Detenciones, que normaría la participación de la Guardia Nacional y su coadyuvancia con el Ministerio Público.
En la reunión también participaron los senadores Félix Salgado, Cristóbal Arias, Emilio Álvarez Icaza, Dante Delgado y Beatriz Paredes.
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