Por: Redacción/

La senadora panista Guadalupe Murguía Gutiérrez advirtió el riesgo de que el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción que implementará el Gobierno federal a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se convierta en un instrumento de terror y de presión en contra de los adversarios políticos del régimen.

El pasado 11 de junio el Diario Oficial de la Federación publicó los lineamientos para la operación de este sistema, en el cual mediante una plataforma digital la ciudadanía estará en posibilidad de emitir denuncias de hechos de corrupción que “se hubieran ya cometido, que se estén cometiendo o que pudieran cometerse”, destacó.

El llamado alertador, denunciante o delatador, como quiera que se le llame, dijo, tendrá la protección de que su testimonio será anónimo y que los hechos que denuncia en la plataforma se guardarán con reserva, además de que podrá ser retribuido económicamente, “cuando sea necesario”, para lo cual se le enviará a la instancia que en su caso corresponda.

En este sentido, agregó, cualquier persona puede acceder a la plataforma y formular denuncias, lo que pudiera utilizarse como un instrumento de terror, de presión política en contra de los adversarios a los que se puede acusar sin que necesariamente los hechos sean ciertos, porque simple y sencillamente el alertador no tiene que asegurar la veracidad de sus imputaciones.

Esta situación es muy grave, consideró, porque en última instancia al ciudadano “le late que se están cometiendo tales o cuales actos de corrupción y después puede suceder que no, que esto no se justifica, no se acredita y, sin embargo, pues ya se afectó la honra, la familia, el buen nombre de un servidor público”.

“Esto es muy delicado porque tal pareciera que estamos a semejanza del sistema cubano de delatores, o del sistema soviético, en donde la ciudadanía delata a otra parte de la ciudadanía respecto de hechos que puedan ser contrarios o inconvenientes al régimen”, apuntó la senadora por Querétaro, al participar hoy en la conferencia virtual que senadoras del PAN ofrecieron a los medios de comunicación.

Este sistema de alertadores operará en casos de delitos como cohecho, peculado y desvío de recursos que, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas, pueden dar lugar, si se presentara la denuncia, a delitos graves, prisión preventiva oficiosa y hasta extinción de dominio, resaltó.

Y puede resultar después que las acusaciones ni son verdaderas o que de alguna manera fueron infladas artificialmente por motivos políticos, de persecución a adversarios, y pues, simple y sencillamente ya se llevó a cabo el procedimiento de extinción de dominio, que es muy grave, continuó.

Adelantó que el grupo parlamentario está revisando jurídicamente esta figura de los alertadores de la corrupción y los lineamientos emitidos, porque son contrarios a varios preceptos constitucionales como los artículos 14, 16, 19 y 21 de nuestra Carta Magna.

“Es un esquema muy grave que tal parece que estamos en las épocas del soviet supremo y su dictadura y su autoritarismo, o en la dictadura cubana, en donde también hay este esquema en donde el ciudadano delata a otros ciudadanos.

“Y bueno, ya después tendrá que acreditar si los hechos que se le señalan son falsos, pero parece muy delicado este esquema que quiere implementar la Secretaría de la Función Pública así en un acuerdo que salió publicado el 11 de junio”, finalizó.