Por: Redacción
La economía de nuestro país está entrando en una nueva etapa de flexibilización de los precios de los combustibles, que los vincula al comportamiento de los precios internacionales como fase de transición hacia la apertura a la competencia en el suministro, donde serán las condiciones del mercado las que determinarán los precios.
La flexibilización y la apertura, adelantadas por mandato legislativo, son una nueva realidad en la que estamos inmersos y que nos plantea, como es natural, nuevas oportunidades y nuevos retos.
Ante todo, es preciso entender que este cambio se da porque las circunstancias eran ya insostenibles; México no puede aislarse en un mundo globalizado, ni podía mantener una situación frágil e irreal que, de no haberse corregido, habría causado más daño a la economía, a las empresas y a los ciudadanos.
Así lo han entendido las principales cámaras y asociaciones que agrupan al sector del transporte quienes, aun siendo uno de los sectores directamente afectados, han expresado abiertamente su compromiso de privilegiar, al lado del Gobierno Federal, la prevalencia del Estado de derecho en la expresión de las ideas, y han asumido responsablemente su papel para sumarse a todos quienes estamos decididos a sacar a México adelante.
La nueva realidad del mercado de los combustibles genera la necesidad de revisar y, en su caso modificar, políticas y prácticas, también favorece el desarrollo de la creatividad, la capacidad estratégica y la visión de largo plazo de los actores de la actividad económica, entre los que se cuentan los transportistas.
Hoy más que nunca son evidentes las ventajas de los sistemas de transporte masivo de pasajeros, que en las ciudades generan economías de escala que reducen el consumo de combustibles, optimizan los espacios urbanos y agilizan el tránsito vehicular, y en el caso del transporte interurbano generan mayor seguridad y fortalecen la conectividad.
También cobran especial prioridad las tecnologías que diversifican y optimizan el consumo de los combustibles. Diseños más eficientes y uso de biocombustibles en la aviación, así como vehículos híbridos, eléctricos o de gas natural en el transporte terrestre, representan una gran oportunidad.
En lo que se refiere a la operación de las empresas, el nuevo entorno hace más patentes los beneficios de operar en la formalidad, que permite acreditar parte de la carga fiscal del combustible, además de deducir el gasto e inversiones en ese insumo primordial.
La flexibilización de precios y la apertura del suministro de los combustibles conlleva, al igual que sucede con otros insumos vinculados a mercados internacionales, la exposición a choques externos, pero con la diferencia de que hay alternativas para establecer estrategias de abastecimiento, logística y administración de riesgos que reduzcan el impacto de dichos eventos.
Para las empresas, entonces, será necesario considerar la gestión del combustible como un aspecto estratégico en la industria del transporte, de la misma manera que el propio transporte es un elemento estratégico de cualquier cadena productiva.
En el esfuerzo para desarrollar las capacidades de las empresas, así como para fortalecer los mecanismos de apoyo a los pequeños transportistas, el Gobierno Federal y las cámaras y asociaciones del sector juegan un papel indispensable, a fin de que la industria en su conjunto enfrente exitosamente los retos y aproveche las oportunidades de este nuevo entorno.
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