Por: Javier Bárcenas/

La operación de la Guardia Nacional no revertiría la situación de violencia e inseguridad, generaría el riesgo de vulnerar los derechos humanos y debilitaría la institucionalidad civil y democrática, afirmó el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

“Consideramos que el replanteamiento que se propone sobre las características y funciones de la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad que enfrentamos, generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos”, dijo ante diputados en reunión con integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Señaló que la Guardia Nacional no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos.

Luis Raúl González Pérez manifestó que repetir o intentar perfeccionar fórmulas de combate al crimen organizado, que en el pasado han demostrado limitaciones y deficiencias, “implica apostar a que México sume otros años al entorno crítico en el que cientos de miles de mexicanas y mexicanos han perdido la vida, miles están desaparecidos y se ha producido un número no determinado de víctimas”.

Refirió que entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar, no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que nuestro país enfrenta.

En México las instancias civiles deben primar sobre las militares, porque es una condición ineludible y necesaria para preservar un Estado liberal y garantizar que el libre desarrollo de la convivencia social y de nuestro sistema democrático no se vea condicionado por intereses políticos o de cualquiera otra índole de las estructuras militares, o sea viciado por la amenaza del recurso de la fuerza.

El ombudsman dijo que este grupo militarizado actuaría conforme esquemas propios del orden y disciplina militar, su coordinación y mando operativo estaría a cargo de personal militar, con lo cual, implícitamente, se estaría subordinando a las autoridades civiles a las órdenes de autoridades militares.