- Más de 30 mil víctimas de homicidio y 76 violaciones de derechos humanos a un año de la GN.
Por: Oscar Nogueda/
A un año de la creación de la Guardia Nacional (GN), la organización Causa en Común y el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana coincidieron en que la nueva corporación de seguridad es una institución militar, ya que la capacitación, reclutamiento y la mayoría de sus elementos tienen antecedentes en las Fuerzas Armadas.
El 26 de marzo del 2019, la Secretaria de Gobernación (Segob) público en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para la entrada en vigor de la Guardia Nacional, el cual señala que la nueva corporación sería una institución civil conformada por la Policía militar, Policía naval y la Guardia Nacional.
El decreto presidencial indica que “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Posteriormente, el 27 de mayo del mismo año, entró en vigor la Ley de la Guardia Nacional. En su artículo cuarto destaca que la GN es una institución de seguridad pública de carácter civil y que su objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación.
A pesar de ello, el artículo sexto transitorio apunta que la formación, capacitación, disciplina, profesionalización, ascensos y prestaciones “podría estar homologados en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de las Fuerza Armada Permanente”, lo que favorece la afiliación militar de la institución.
En entrevista para Mugs Noticias, Raúl Rosales, investigador de Causa en Común, mencionó que “Desde causa en común y del observatorio de la Guardia Nacional realizamos un informe desde que empezó a operar la Guardia Nacional en el país. Lo que concluyó este informe es que la Guardia Nacional es una extensión directa de las Fuerzas Armadas y, a la par, no existe un esfuerzo real para rescatar y fortalecer a las policías del país”.
El informe del Observatorio Ciudadano de la Guardia Nacional dio a conocer que, en el mes de abril del 2020, se registraron 76 mil 773 efectivos de la dicha corporación, sin embargo, el 68 por ciento pertenecen a la Policía militar y naval, el 7.7 por ciento a personal de apoyo de las Fuerzas Armadas y el 23.75 por ciento son de la Policía Federal. Cabe destacar que el 75.7 por ciento de los elementos de la Guardia Nacional provienen del Ejercito y de la Marina.
El Informe de Militarización 4T del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana señaló que “de acuerdo con su conformación actual, la Guardia Nacional es una organización de mando e identidad primariamente militar, sin controles civiles independientes o garantías de supervisión civil de su actuación en el campo, y con facultades propias de las policías civiles. Considerando los orígenes militares de la institución, se destaca la ausencia de una estrategia o plan hacia su conformación como una institución de carácter civil, más allá de los cursos de capacitación inicial y de especialización”.
Además, Raúl Rosales manifestó que los efectivos con antecedentes en las Fuerzas Armadas mantienen sus prestaciones, sueldos y plazas en las corporaciones militares, también, un Policía Federal mantiene las retribuciones económicas de su institución de origen. Ante esta situación, remarcó que no existe una homologación de plazas entre elementos del nuevo cuerpo de seguridad.
“Sí hay diferencias, siguen manteniendo las mismas plazas. Un elemento de la Sedena sigue manteniendo su sueldo, sus prestaciones. Igualmente, un marino y un policía federal mantienen sus plazas. No hay una homologación de las plazas, esta es otra evidencia de la militarización”, comentó Raúl Rosales.
En cuanto al reclutamiento, el Observatorio Ciudadano precisó que en febrero del 2020 se dieron de alta en la GN ocho elementos. Un mes después, la Sedena informó sobre un reclutamiento de 20 mil 235 soldados para la Guardia Nacional, mientras que la Marina envió 6 mil 637 marinos a la misma institución.
“No tenemos información ni de informes oficiales ni de respuestas de solicitud de información de si hay reclutas civiles, que no vienen de Fuerzas Armadas ni de Policía Federal. La mayoría son de las Fuerzas Armadas y un contingente pequeño de la PF, pero no tenemos más información para ver si hay o no”, dijo Raúl Rosales.
El Programa de Seguridad de la Universidad Iberoamericana sostuvo que la capacitación de la Guardia Nacional es un aspecto clave para entender sus usos apropiados y la posible realización de abusos, así como violaciones a los derechos humanos. Las personas pertenecientes a la nueva corporación de seguridad deben cursar una preparación inicial y los cursos de policía militar.
Cabe destacar que existen 12 centros de reclutamientos, los cuales se encuentran en bases militares. Asimismo, el informe del Observatorio puntualizó que los gobiernos estatales han donado terrenos a la Sedena para la construcción de cuarteles de dicho órgano de seguridad.
En el 2019, se terminaron 69 cuarteles, los cuales 29 están en Jalisco, 22 en Michoacán y 18 en Guanajuato. Para el año en curso se tiene contemplado terminar 12 centros pendientes y, adicionalmente, construir otros 79.
El programa rector de profesionalización incluye aspectos como equidad de género, atención a víctimas, sistema de justicias penal, registro de detenciones, primer respondiente, ética policial, cultura de la legalidad, derechos humanos, feminicidio, detención, conducción de personas, mediación policial y manejo de conflictos.
El curso de policía militar incluye las materias de geografía de México, Historia Universal, Español, Inglés, álgebra, matemáticas, legislación y adiestramiento militar. El 20 de mayo del 2020, Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la GN, puntualizó que los guardias nacionales deben recibir cursos especializados de liderazgo, llenado del IPH, seguridad procesal, primer respondiente, sistema penal acusatorio, operaciones con recursos de procedencia ilícita y un Diplomado en seguridad pública y prevención del delito.
El Observatorio Ciudadano registró una disparidad en la duración de la preparación de los nuevos reclutas. En un comunicado de la GN de julio del 2019, se dio a conocer que la preparación era de 984 horas para elementos iniciales y 584 horas para efectivos en activo.
En agosto del mismo año, la nueva corporación emitió un informe, en el cual determinó que la preparación inicial fue de 962 horas y 385 horas para los integrantes en activo. Sin embargo, la Marina, por medio de la solicitud de información 0001300038620, refirió que la preparación para efectivos en activo es de 405 horas.
“Deben tener una formación civil de policías, no conocemos como se da esta formación. No se ponen de acuerdo de cuantas son las horas que deben tomar los nuevos elementos. Es claro que tienen formación militar porque, primero, son reclutados por las Fuerzas Armadas y de ahí se pasan a la Guardia”, explicó Raúl Rosales.
Por otro lado, el Observatorio externó que, en el 2019, los recursos para la GN se obtuvieron del presupuesto asignado a la Policía Federal, Ejercito y la Marina. En el 2020, se le asignó 29 mil millones de pesos, no obstante, subrayó que “no ha habido asignaciones presupuestales para la asignación de nuevas plazas”.
“El mando de la Guardia se encuentra en las Fuerzas Armadas, eso es lo que indica. No existe una especificación sobre el presupuesto destinado a las plazas, cuanto se les va a pagar a las guardias eso no existe porque la Sedena y la Semar tienen bajo control sus salarios, los militares siguen siendo militares, se les sigue pagando como miembros de la Defensa y de la Marina, solo están dentro de la guardia fungiendo como guardias”, dijo Raúl Rosales.
Sobre la transparencia de la institución de seguridad, el Programa de Seguridad de la Universidad Iberoamericana comunicó que, entre diciembre del 2019 al 30 de marzo del 2020, la unidad de transparencia de la GN contestó 133 solicitudes. El 59 por ciento de las solicitudes atendió los requisitos de los cuestionamientos, en el 22 por ciento contestó que no tenía información en sus archivos, el 16 por ciento respondió que no fue la institución competente y en el 8 por ciento refirió que la información se encuentra reservada por cinco años.
“En las 10 solicitudes calificadas como información reservada, el consejo del INAI emitió una resolución de daño mayor, bajo el argumento de que la información solicitada, una vez publicada, pondrá en riesgo a los agentes de seguridad. Los temas reservados son: cantidad de agentes desplegados al nivel estatal y municipal, armamento (incluso armamento no letal) y vehículos a la disposición de la Guardia Nacional. En todos los casos, la información reservada ha sido dada a conocer públicamente por medio de altos funcionarios de la Guardia y las Fuerzas Armadas en conferencias de prensa”, precisó el informe.
Adicionalmente, la Secretaria de Seguridad y la Sedena remarcaron que no son las instituciones competentes para atender las solicitudes de información sobre actividades y desempeño de los guardias nacionales. El informe de la Universidad Iberoamericana detalló que la GN no pudo identificar un esquema de especialización para atender a las tareas asignadas, por lo que ofreció información sobre las capacitaciones especializadas de la Policía Federal.
“Si la unidad de transparencia de la Guardia Nacional solo reporta información sobre la Policía Federal en materia de actividades, no parece existir una unidad de transparencia que cumpla con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la nueva institución estelar del gobierno de López Obrador. Además, los datos reportados serían falsos si no clarifican explícitamente qué corresponde a tal institución y no a la Guardia en su totalidad. Esto provoca desconfianza sobre la información reportada por la SEDENA, si incluye datos sobre efectivos de la Policía Militar que forman parte de la Guardia Nacional, y sobre todo en cuanto a la composición actual, operación y flujo de información dentro de la nueva institución”, determinó el informe de la Universidad.
El investigador de Causa en Común expuso que “la Secretaria de Seguridad es la que tiene en su mando a la GN. Cuando le preguntamos de la corporación remite a las Fuerzas Armadas. En la práctica no se trata de una corporación civil, y mucho menos que la Secretaria de Seguridad se encargue de ella. La Sedena y la Semar son las que llevan la batuta de la GN.”, argumentó Raúl Rosales.
Más de 30 mil víctimas de homicidio y 76 violaciones de violaciones de DH a un año de la GN
A un año del inicio de la Guardia Nacional, se han registrado 32 mil 78 víctimas de homicidios dolosos, mil 358 feminicidios y 4 mil 55 mujeres víctimas de homicidios dolosos en el país. Además, de 76 quejas por violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con las cifras del periodo de enero a mayo del 2020 ofrecidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se identificaron 2 mil 913 víctimas de asesinatos. Las principales entidades con mayor número de asesinatos fueron Guanajuato con 369, Baja California con 266, Estado de México con 239, Chihuahua con 233 y Jalisco con 206.
Mientras que los estados con una mayor tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes fueron Colima con 7.6 asesinatos, Baja California con 7.3, Chihuahua con 6.1, Guanajuato con 5.9 y Zacatecas con 4.8. Además, se reportaron 12 estados con una tasa de víctimas mayor a la nacional, la cual es de 2.3 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Por otro lado, el Secretariado contabilizó 375 feminicidios, siendo el Estado de México con 47 casos, Veracruz con 35, Nuevo León con 30, Ciudad de México con 29 y Puebla con 28 las demarcaciones con más eventos.
Los estados con una mayor tasa de feminicidios fueron Colima y Morelos con 15.2, Nuevo León 10.7, Puebla y San Luis Potosí con 0.82. Asimismo, 14 entidades mantienen una tasa superior a la nacional, la cual se ubica en 0.57.
En cuanto a las víctimas femeninas de homicidios dolosos, se identificaron mil 233 asesinatos. Guanajuato encabeza esta lista con 217 mujeres asesinadas, le sigue el Estado de México con 122, Chihuahua con 115, Baja California con 104 y Michoacán con 103.
En este caso la tasa nacional de víctimas mujeres de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes es de 1.9, por lo que existen 8 estados de la República con una mayor tasa de homicidios. Los principales son Colima con 9.6, Guanajuato con 6.8, Chihuahua con 6, Baja California con 5.7 y Michoacán con 4.2.
Ante esta situación, el Observatorio Ciudadano de la Guardia Nacional expuso que, hasta el mes pasado, la nueva corporación de seguridad contabilizó 96 mil efectivos en funciones. Las entidades con mayor número de guardias nacionales desplegados son el Estado de México con 8 mil 579, Michoacán con 4 mil 362, Oaxaca con 4 mil 323, Veracruz con 4 mil 198 y Jalisco con 3 mil 848.
También, Quintana Roo cuenta con 1. 08 elementos por cada 100 mil habitantes, Colima con 1.04, Zacatecas con 1.03, Oaxaca con 0.95 y Guerrero con 0.92, esto quiere decir qué son las demarcaciones con más efectivos de la Guardia Nacional por cada 100 mil habitantes.
A pesar de contar más guardias nacionales, el Estado de México, Jalisco, Veracruz y Michoacán son las principales demarcaciones con mayor número de homicidios y feminicidios en el país. Al tiempo que Colima y Zacatecas se encuentran en los primeros cinco lugares con mayor tasa de asesinatos y feminicidios, pese a que son dos entidades con un mayor número de elementos desplegados por cada 100 mil habitantes.
El Programa de Seguridad de la Universidad Iberoamericana clasificó las 43 atribuciones de la Guardia Nacional en ocho ejes, los cuales son prevención y atención de delitos en flagrancia, primer respondiente, trabajo policial, inteligencia, caminos, migración, aduanas y emergencias.
“A la Guardia Nacional se le confirieron 43 atribuciones, que incluyen acciones de vigilancia, colaborar en la contención de migrantes, recibir denuncias, realizar detenciones y aseguramientos, dar atención a víctimas entre muchas otras. No hay una delimitación entre guardia y Fuerzas Armadas. En la práctica, todas las funciones de las tres instituciones se suman en funciones y responsabilidades”, comunicó Raúl Rosales.
El articulo 8 de la Ley de la Guardia Nacional sentencia que “la Guardia Nacional regirá su actuación por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.
Por el contrario, el Sistema de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contó 76 querellas por violaciones a los derechos humanos, de los cuales 40 fueron clasificados como hechos violatorios de alto impactado.
La CNDH contabilizó 9 denuncias de violaciones de mayor impacto a los derechos humanos por parte de la GN en el 2019, las cuales 2 fueron privación de la vida, 1 por tortura y 6 por detenciones arbitrarias. Estas querellas se ubicaron en Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Sonora.
En los primeros cinco meses del 2020, el Sistema de Alerta reportó 31 violaciones de grave impacto, las cuales fueron 2 por desapariciones forzadas, 1 por tortura,12 por trato cruel e inhumano y 16 por detenciones arbitrarias. Estos hechos ocurrieron en Michoacán, Veracruz, Morelos, Chiapas, Hidalgo, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y Sonora.
“Las Fuerzas Armadas, sea cual sea su denominación o su adscripción formal, no podrán resolver los problemas de seguridad del país. No es su vocación y ahí no esta sus fortalezas atender la situación de inseguridad requiere de programas de prevención, policías capacitados y preparados, es más allá de un despliegue militar. A las policías se les esta relegando de su tarea de seguridad pública, solo se les da peso a los militares sin ningún control constitucional ni fiscalización”, enfatizó Raúl Rosales.
Se fortalece a los militares y se abandona a las policías: Raúl Rosales
Raúl Rosales manifestó que la actual administración está priorizando un despliegue militar para realizar tareas de seguridad pública, así como ha desplazado a las policías civiles sin un plan de desarrollo.
“Desde que empezó la administración actual se les estigmatizó de corruptos. Lo importante es que se les ha abandonado, se les mantiene en un continuo abandono por parte de las autoridades federales y locales. No se les está apoyando en un plan de desarrollo policial, eso no existe”, expresó Raúl Rosales.
El artículo 91 de la Ley de la Guardia Nacional precisa que “se establecerá un programa para el fortalecimiento técnico, operativo y financiero de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios, con objetivos, instrumentos de seguimiento y evaluación e indicadores de avance y metas que permita a dichas instituciones cumplir con sus facultades, atribuciones y obligaciones; para lo anterior, deberán contar, sobre la base de la corresponsabilidad, con las previsiones necesarias en los presupuestos de egresos de la Federación y de las entidades federativas”.
El reporte del Diagnostico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas del SESNSP con corte al 30 de septiembre del 2019, informó que existen 121 mil 776 elementos policiacos en México, es decir 0.97 policías por cada 100 mil habitantes. Esta media es inferior al estándar internacional que se ubica en 1.8
En ese sentido, el informe del SESNSP que los estados con una mayor tasa de policías son la Ciudad de México con 4.4, Yucatán con 1.6, Tabasco con 1.5, Chiapas con 1.4 y Tamaulipas con 1.3, mientras que las entidades con menos efectivos son Baja California y Sinaloa con 0.2, Sonora y Querétaro con 0.3 y Aguascalientes con 0.4.
Igualmente, se evaluó con un control de confianza al 98.48 por ciento de los elementos policiacos, de los cuales 5.79 por ciento no aprobaron la evaluación. El Diagnóstico detalló que, derivado de la depuración de las policías, las autoridades locales deben formar 102 mil 752 nuevos efectivos para alcanzar el estándar mínimo internacional de efectivos policiacos.
La Encuesta “¿Qué piensa la policía?”, realizada por la organización Causa en Común, externó que el 36 por ciento de los entrevistados obtuvo un salario inferior a los 10 mil pesos, el 46 por ciento percibieron un sueldo de entre 10 mil a 15 mil pesos, y solo el 18 por ciento ganó mas de 15 mil pesos.
El salario promedio nacional se ubica en 11 mil 787 pesos. Los estados con una mayor remuneración económica a sus cuerpos policiacos son Baja California, San Luis Potosí, Sonora, Aguascalientes y Querétaro. Por lo anterior, las entidades con lo sueldos más bajos son Campeche, Hidalgo, Chiapas, Tlaxcala y Oaxaca.
Sobre las prestaciones, el 92 por ciento refirió contar con aguinaldo, el 76 por ciento con seguro de vida, el 61 por ciento con seguridad social, el 20 por ciento con seguro de gastos mayores y el 29 por ciento con gastos funerarios.
El Diagnosticó del Gobierno Federal estableció que las 32 entidades cuentan con seguro de vida, 27 con servicio médico, 21 con créditos para la vivienda, 24 con fondo de ahorro para el retiro, 30 con apoyos para familias de policías caídos y 20 con becas escolares para hijos de policías.
A pesar de ello, la encuesta de Causa en Común reveló que el 51 por ciento de los elementos tuvieron que adquirir por su cuenta el calzado de su uniforme, el 44 por ciento las fornituras, el 42 por ciento el uniforme, 12 por ciento chalecos antibalas, 25 por ciento cartuchos y reparación de las patrullas.
Sobre la capacitación, la organización dio a conocer que el 65 por ciento de los entrevistados no ha recibido capacitación para una audiencia ante un juez, el 52 por ciento sobre primeros auxilios y el 45 por ciento sobre recepción de denuncias. Pese a ello, el 81 por ciento recibió una capacitación sobre detención de personas y uso de la fuerza, así como el 77 por ciento sobre perspectiva de género.
Por su parte, las autoridades comunicaron que, hasta el 30 de septiembre del 2019, el 70.14 por ciento del estado de fuerza curso al menos un taller de capacitación, de los cuales 65.59% de los policías está capacitado en el Taller 1, 60.37% en el Taller 2 y 27.13% en el Taller 3.
El primer taller corresponde a la función del primer respondiente, la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos y cadena de custodia, el segundo a la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación y el tercero a la Investigación criminal conjunta. Además, el reporte indica que existen 45 academias de formación policial, de los cuales 16 cumplen las capacidades mínimas de equipamiento e infraestructura.
Por otro lado, Causa en Común apuntó que el 69 por ciento de los policías de México nunca han recibido un ascenso. Ante esta situación, los estados con menos ascensos son Campeche, Querétaro, Durango, Sinaloa y Baja California Sur.
Por el otro lado, Yucatán, Guanajuato, Quintana Roo, Ciudad de México y San Luis Potosí son las entidades con un mayor porcentaje de ascenso policiaco.
“Lo que más piden es que tengan mejores salarios, mejor capacitación y equipamiento. Eso es lo principal que hemos identificado. Son los tres pilares fundamentales para que las policías puedan funcionar”, dijo Raúl Rosales.
El investigador de Causa en Común propuso que exista un fortalecimiento de las policías locales, diagnósticos locales sobre las mismas, un desarrollo real con sueldos más altos, una mejor capacitación y el equipamiento adecuado para sus funciones.
“Que se mejoren sus salarios, se les capacite y se les otorgue un equipamiento adecuado, así como darles prioridad a las policías. Las Fuerzas Armadas no van a solucionar la crisis, se requieren de planes, de estrategias y de impulsar a las policías”, finalizó Raúl Rosales.
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