Por: Redacción/

La senadora Josefina Vázquez Mota calificó como grave y frecuente la ocurrencia del abuso sexual infantil en el país, al citar los datos del Informe Percepción del Abuso Sexual en México, de la asociación no gubernamental “Guardianes”, que indican que el 80 por ciento de estos agresores son familiares directos.

El informe, realizado en 2016, establece que casi el 50 por ciento de los mexicanos consideraba que el principal agresor de niñas y niños era un extraño. Además, de que siete de cada 100 adultos encuestados revelaron haber sufrido abuso sexual en la infancia, mencionó la legisladora de Acción Nacional.

Al encabezar el Foro “Datos Alarmantes sobre el Abuso Sexual Infantil en México”, la senadora del PAN lamentó que no existan datos concretos sobre este flagelo. Una de las razones, dijo, es que cada estado tiene su código penal y resulta muy complejo conocer la incidencia real del delito, desde el punto de vista jurídico penal.

De acuerdo con los pocos datos con que se cuenta, -continuó- se sabe que en el 2015 más de 300 menores de edad requirieron atención hospitalaria en México por casos de abuso sexual, siendo casi el 88 por ciento de las victimas niñas y mujeres adolescentes.

En el 2018, Tlaxcala y Querétaro fueron los estados que registraron la mayor cantidad de casos de ingresos hospitalarios por abusos, mencionó.

Para la Unicef, explicó, un problema adicional para combatir el delito radica en los llamados preconceptos que suelen confundir la conducta sexual abusiva infantil y minimizan la gravedad de la situación. Por ejemplo, homologar el abuso sexual a la violación y/o reducir el abuso sexual por la frecuencia de la conducta.

A su vez, Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aseguró que la violencia contra niñas, niños y adolescentes, incluida la sexual, se puede evitar.

Por ello, expuso, la CNDH considera que, para prevenirla, atenderla y eliminarla, es prioritario e impostergable que el Estado Mexicano realice las siguientes acciones:

Primera, transversalizar el principio de corresponsabilidad en la actuación de las autoridades e instancias especializadas en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; Segunda, asignar presupuestos públicos suficientes y con enfoque de derechos para invertir en programas de capacitación obligatoria de las y los servidores públicos en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia. Además, pautas de prevención, detección y actuación en casos de violencia sexual;

Tercera, establecer mecanismos seguros, confidenciales y accesibles para la denuncia de la violencia contra menores de 18 años, incluyendo la vía electrónica; Cuarta, incluir en todos los niveles educativos programas de educación sexual para menores de edad, adaptados a las diferentes etapas de su desarrollo, para proporcionarles las herramientas de riesgo y conductas de violencia sexual en su contra;

Quinta, focalizar acciones de atención y prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en situación de calle, en centros de asistencia social, en conflicto con la ley, así como en situación de refugio o desplazamiento forzado interno; Sexta, instar a los poderes legislativos federal y estatales a homologar los tipos penales de violación y abuso sexual y sus respectivas penalidades;

Séptima, revisar los procedimientos de procuración e impartición de justicia para definir estándares probatorios adecuados, y con perspectivas de derechos de los menores de edad, que permitan la pronta determinación de los casos de violencia sexual con el menor impacto para las víctimas; Octava, diseñar un modelo de atención integral para víctimas de violencia sexual, con medidas para su recuperación y reintegración a su entorno familiar y social, al cual deberá destinarse presupuesto etiquetado;

Novena, volver requisito obligatorio para las y los servidores públicos que trabajan con niñas. Niños y adolescentes, la capacitación en materia de derechos humanos y sobre pautas para la detección, denuncia, atención y prevención de la violencia sexual con enfoque especializado; y Décima, establecer protocolos de prevención y atención de la violencia sexual con enfoque de derechos y capacitación al personal de establecimientos y escuelas de todos los niveles educativos que atiendan a personas menores de edad, así como generar campañas nacionales de prevención de las formas de violencia.

En tanto, Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, refirió que en este Foro se han ofrecido datos alarmantes de una visión misógina y machista de las políticas públicas en lo relacionado con el abuso sexual contra menores de edad.

Señaló que también es alarmante la invisibilidad pública y política del tema, así como la desatención por parte de las políticas públicas; la falta de capacidad que han tenido las instituciones del Estado mexicano, desde el municipio hasta la federación, no sólo para atender y prevenir, sino frenar esta situación. “Aquí se confirma que hay una cifra negra de casos de abuso sexual infantil y juvenil que no se atienden, y la tendencia va alza en las 32 entidades federativas”, alertó.