Por: Redacción.

Organizaciones de la sociedad civil que acompañan y representan a familiares de personas desaparecidas acusaron que el Estado mexicano “simula el cumplimiento” de las recomendaciones emitidas hace un año por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), y lo exhortaron a mostrar “voluntad política” para enfrentar esta “grave” situación.

De hecho, “las desapariciones de personas continúan en aumento y la mayoría permanece en una situación de impunidad”, denunciaron.

Además, “persiste la estigmatización y criminalización” de las víctimas para justificar la falta de búsqueda e investigación.

Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que el escrutinio internacional es una oportunidad para fortalecer las capacidades del Estado ante el problema de las desapariciones, por ello pidió implementar las recomendaciones de organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el propio CED.

En el “informe alternativo” entregado al CED, las organizaciones como los centros Podh, Tlachinollán, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre otras, presentan los argumentos por los cuales afirman que ninguna de las tres recomendaciones prioritarias planteadas desde febrero de 2015 se han cumplido.

Dichas recomendaciones son:

Registro Único de Personas Desaparecidas, las cuales no cumple con los estándares del CED, tampoco arroja información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada; además se invisibiliza a las personas migrantes y a niños, niñas y adolescentes.

Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y la Comisión Forense. Las organizaciones saludan la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, pero señalan su preocupación por la falta de recursos y personal, y la resistencia a remitir casos que vinculan a la delincuencia organizada argumentando que debe investigarlos la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO). Además se carece de reglas operativas y de personal y la ausencia de colaboración eficaz por parte de áreas claves de la PGR.

Finalmente en el caso de la búsqueda inmediata de personas desaparecidas e identificación forense, los avances presentados en este rubro por el Estado mexicano son “cambios cosméticos” y sin estructuras operativas que permitan su implementación.Persisten prácticas de estigmatizar y criminalizar a las víctimas o pedir sumas de dinero para desincentivar la denuncia y evadir su responsabilidad de iniciar la búsqueda.

Otros puntos de preocupación son la falta de implementación de medidas cautelares; que la iniciativa de ley del Ejecutivo federal en la materia es deficiente para garantizar la búsqueda e investigación; la excesiva burocracia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la falta de actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.