• Durante el año pasado, se registró el asesinato de 3 mil 752, de las cuales solo el 26 por ciento se investiga como feminicidio.

Por: Oscar Nogueda/

Organizaciones de la Sociedad Civil denunciaron ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que el Gobierno mexicano no ha implementado acciones suficientes para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.

En el marco de la evaluación de la CEDAW al Estado mexicano sobre la situación de las mujeres, las organizaciones informaron que han desaparecido 20 mil 431 mujeres, niñas y adolescentes durante la actual administración.

En el periodo de enero a agosto del 2020, las autoridades mexicanas indentificaron la desaparición de 5 mil 223 mujeres y niñas en 12 entidades federativas, de las cuales mil 290 no han sido localizadas. Las organizaciones subrayaron que el 48 por ciento de las mujeres desaparecidas son menores de edad.

En cuanto a los asesinatos de mujeres, las activistas manifestaron que 11 mil 217 mujeres y niñas han sido asesinadas en la actual administración. Durante el año pasado, se registró el asesinato de 3 mil 752, de las cuales solo el 26 por ciento se investiga como feminicidio.

Por su parte, la RED TDT indicó que “en el 2018 fueron abiertas 746 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, mientras que de enero a mayo de 2019 se abrieron 459 carpetas por feminicidio en 23 estados del país. La autoridad judicial informó que en el 2018 fueron dictadas 228 sentencias condenatorias, mientras que de enero a mayo de 2019 se dictaron 102 sentencias condenatorias por feminicidio”.

Aunado a ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) subrayó que las mujeres son asesinadas con una mayor  violencia y saña, por lo que se utilizan medios para producir un mayor sufrimiento. Asimismo, destacó que “30 de cada 100 mujeres asesinadas son ahorcadas o sofocadas, ahogadas, quemadas, golpeadas con algún objeto o herida con un arma punzocortante”.

Al mismo tiempo, precisaron que Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y  Quintana Roo tienen un tipo penal del feminicidio deficiente. Además, expusieron la intención de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, de eliminar el tipo penal del femincidio bajo la premisa de que es “difícil acreditarlo” para las autoridades ministeriales.

“Eliminar el tipo penal de feminicidio y redefinirlo como agravante del homicidio, en el marco de la iniciativa de creación de un Código Penal Único en México, representa un grave retroceso a los derechos de las mujeres, particularmente a su derecho a una vida libre de violencia”, comentaron las ONGS.

Por otro lado,  las autoridades recibieron 150 mil 716 denuncias por violencia sexual entre enero del 2018 a diciembre del 2020.  Solo el año pasado, se identificaron 54 mil 342 delitos sexuales en el país.

Adicionalmente, las organizaciones señalaron la  solicitud de 45 Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, de las cuales se han implementado 21 declaratorias en 18 estados. En ese sentido, precisaron que la participación de la sociedad civil en el proceso de las Alertas de Género no ha sido especificada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Existen diversos vacíos legales en el momento que se decreta una AVGM, como el que no se establecen plazos para el cumplimiento de las medidas. Aunado a la cantidad de medidas, muchas de ellas innecesarias, lo que hace la DAVGM inoperante”, manifestaron las ONGS.

En el caso específico de Veracruz y Guerrero, las defensoras remarcaron que las políticas de estos estados son discriminatorias contra los derechos reproductivos de las mujeres y niñas. A pesar de la implementación de una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, las autoridades locales no han modificado las normas para revertir esta situación.

Para las organizaciones, una gran mayoría de las acciones del gobierno mexicano para atender la violencia feminicida “estuvieron encaminadas al funcionamiento de las políticas públicas ordinarias que están mandatadas en sus leyes estatales de acceso a una vida libre de violencia; sin embargo, estas políticas fueron instrumentadas de manera deficiente, lo que derivó en que no garantizaran la vida e integridad de las mujeres”.

Las activistas enfatizaron que la integridad de las mujeres mexicanas es una tarea pendiente en el país, por lo que llamaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer las estrategias para erradicar la violencia feminicida.