Por: Oscar Nogueda/

A pesar de existir resoluciones judiciales, el Grupo Articulador México (GAM) aseguró que el Gobierno mexicano no ha implementado ninguna política para garantizar el acceso a los derechos económicos y sociales a las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Organizaciones de la sociedad civil obtuvieron los amparos indirectos 426/2020 y 534/2020 ante un juzgado de la Ciudad de México que ordenaron al Instituto Nacional de Migración (INM) dejar en libertad a las personas menores de 18 años y mayores de 60, así como a quienes pertenecen a grupos en situación de riesgo frente al Covid-19.

Además, se ordenó realizar exámenes de salud a las personas que permanezcan en las estaciones migratorias y garantizarles el acceso a suministros básicos y favorecer la regularización migratoria temporal, así como brindar servicios de salud y programas sociales a migrantes.

Ante esta situación, el GAM comentó que la suspensión de todos los procedimientos de la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados (COMAR) imposibilita el acceso a las garantías que los protegen contra la devolución y el acceso a derechos sociales, económicos y culturales a las personas solicitantes de asilo en el país.

El Instituto Nacional de Migración (INM) otorgó la salida a migrantes que se encontraban en las 56 estaciones migratorias, sin embargo, el GAM agregó que esta práctica no está institucionalizada y que las personas son liberadas en situaciones precarias.

“Varias de las personas que han sido liberadas se encuentran en condiciones precarias, pues son sacadas a la calle sin que
se les brinde ningún tipo de apoyo económico, alimenticio o laboral. Más grave aún, varias de las personas liberadas han sido trasladadas a ciudades del país distintas de aquellas donde fueron detenidas”, precisó el GAM.

Por otro lado, el Grupo Articulador indicó que la emergencia sanitaria del Covid-19 ha impactado en el ámbito económico, acceso a agua potable, a alimentos, espacios de alojamiento de las personas en contexto de desplazamiento forzado, además enfatizó que esta situación puede contribuir a la propagación del virus en la comunidades desplazadas.

“Los desplazamientos que han ocurrido durante esta pandemia podrían contribuir a la diseminación del virus y causar nuevos brotes de la enfermedad, tanto entre la población desplazada como en las comunidades de acogida temporal o permanente. Además de las serias implicaciones en términos de seguridad y de salud personal y pública, esto también podría llevar a la estigmatización y discriminación hacia las personas desplazadas internamente y exponerla a nuevos desplazamiento”, mencionó el GAM.

Por tal motivo, el GAM indicó que el Gobierno mexicano no han creado ninguna política pública para atender los impactos de la pandemia en la población desplazada, también, apuntó que las autoridades mantienen un trato indiferente a la población migrante.

“Las autoridades continúan tratando con indiferencia o, incluso, con un enfoque criminalizante y discriminatorio a la población migrante que transita y reside en nuestro país, a la vez que soslaya las necesidades de la población desplazada forzadamente. Esto no solamente atenta gravemente contra los derechos fundamentales de estos dos grupos, sino que representa una grave amenaza para la salud pública”, señaló el GAM.

Por ello, el Grupo Articulador llamó a la autoridades de los tres ordenes de gobierno a generar medidas adecuadas y especializadas para proteger a las personas en movilidad ante el Covid-19, además de garantizar el derecho al asilo y el principio de no devolución ante el escenario actual.

A su vez, exhortó al Gobierno federal a evitar la detención de migrantes, así como asegurar el acceso a un regularización migratoria y crear programas para el acceso a servicios de agua, vivienda, alimentación e instalaciones de higiene personal a este grupo social.