Por: Redacción/

La construcción del nuevo aeropuerto ha desencadenado depredación ecológica, despojo de tierras, quebranto social y destrucción de patrimonio arqueológico en varias regiones del Estado de México, denunció el diputado federal del PRD Rafael Hernández Soriano.

El presidente de la Comisión Especial que da Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México recorrió diversos puntos de la entidad mexiquense donde opera un extenso vertedero de lodos extraídos de la macro obra del gobierno federal; según funcionarios esa práctica se había cancelado.

De igual forma, lugareños acompañaron al legislador para constatar las áreas donde fueron destruidas plantaciones con más de 80 mil árboles y dinamitadas zonas naturales de absorción de agua en las montañas.

Los habitantes de estas regiones indicaron que ante la inacción de las autoridades municipales cerraron hace cuatro meses los accesos en San Martín de las Pirámides, donde en 30 días la empresa que extraería el basalto utilizó y dejó abandonados explosivos que están a cielo abierto sin que alguna autoridad federal acuda para atender esta situación.

Hernández Soriano afirmó que en la reciente reunión en la Cámara de Diputados de la comisión que preside con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, responsables junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la construcción del nuevo aeropuerto, los funcionarios mintieron a los legisladores respecto a que contaban con el impacto ambiental para la obra y las repercusiones en zonas aledañas, hecho que tiene implicaciones jurídicas, advirtió.

El diputado del PRD constató la reapertura de vertederos de lodos tóxicos extraídos del polígono y arrojados en San Nicolás Tlaminca (municipio de Texcoco); la desordenada y creciente explotación de minas en Tepetlaoxtoc, Tezoyuca, Santiago Tepetitlan (municipio de Teotihuacán), San Luis Teotihuacan (municipio de San Martín de las Pirámides) y San Luis Tecuatitlan (municipio de Temascalapa), entre otros más, donde los lugareños informaron que algunos han sufrido despojo de tierras, daños en sus propiedades, agredidos físicamente y amenazados por funcionarios municipales, ignorados por autoridades federales.

De igual forma, denunciaron que quienes explotan las minas no exhiben la documentación que avale los permisos federales para ello, en tanto que autoridades municipales, estatales y federales son omisas ante las quejas, lo que ya ha propiciado acciones civiles pacíficas para frenar la explotación de minas.

Hernández Soriano anunció que convocarán a las dependencias involucradas en este problema para que ante la Comisión de diputados expliquen cuál es el escenario legal derivado de la construcción del nuevo aeropuerto, en tanto, anunció que se analizará y actuará con base en los datos falsos que dio el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en la reciente mesa de trabajo, dichos, añadió, que tienen repercusión legal.

El presidente de la Comisión Especial lamentó que a la opacidad con que se operan las finanzas de la macro obra se sumen irregularidades que además de afectar directamente a las comunidades del Estado de México, atentan contra el equilibrio ecológico y el patrimonio cultural prehispánico sin que las Secretarías de Estado responsables actúen.

Esta pasividad refleja la misma forma de actuar de la SCT a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, quien por “ser el hombre de negocios del presidente Enrique Peña Nieto, además de ser intocable permite la depredación de los bienes nacionales”, sostuvo el diputado federal.

Afirmó que el gobierno federal y en particular la SCT, no solamente son “irresponsables sino negligentes y criminales porque están generando un ecocidio”.