Por: Redacción/
El Ejecutivo Federal deberá informar a la Comisión Permanente las razones que sustentaron la abstención de nuestro país, en la votación de la resolución A/ES-1 O/L.22 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), relativa al estatus jurídico de la Ciudad de Jerusalén.
El resolutivo aprobado se estableció en un dictamen de la Segunda Comisión con base en un punto de acuerdo propuesto por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD.
En su argumentación recordó que el pasado 21 de diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó, abrumadoramente, cualquier acción o decisión unilateral que pretendiera alterar el estatus de la ciudad de Jerusalén. Al final, la resolución fue aprobada con 128 miembros a favor, 9 en contra y 35 abstenciones.
La senadora reconoció que, si bien dicha resolución tiene un carácter no vinculante, es un llamado para que las tensiones entre Israel y Palestina sean dirimidas en el marco de las Naciones Unidas, y de igual forma se solicitó a los países miembros a que no establecieran misiones diplomáticas en la ciudad de Jerusalén.
Consideró que la abstención de nuestro país, promovida por el Gobierno Mexicano, implica una falta de apoyo a la resolución que afirma que todas las decisiones y actos que pretendan haber modificado el carácter, estatuto o composición de la Ciudad Santa.
Señaló que la decisión de trasladar la embajada Estadounidense a la ciudad de Jerusalén generó un conflicto, no sólo dentro de la zona de la franja de Gaza, sino que se ha producido una tensión en la comunidad internacional, entre los Estados promoventes de la Resolución de la Asamblea General de la ONU y Estados Unidos, junto con los países que votaron en contra y algunos que lo hicieron en abstención.
Señaló que la dolorosa situación que se ha presentado en la franja de Gaza demanda que la comunidad internacional intensifique los esfuerzos en apoyo a una resolución pacífica del conflicto.
El dictamen con punto de acuerdo fue aprobado por mayoría en votación económica y se instruyó su comunicación.
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