Por: Redacción/
La senadora panista Sandra Luz García Guajardo pidió que ante la posible entrada en vigor de la Ley SB4 en Texas, el titular del Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se pronuncie y manifieste el rechazo del pueblo mexicano sobre su aplicación, ya que atenta contra la libertad y los derechos fundamentales de nuestros connacionales radicados en ese país.
En un punto de acuerdo presentado ante el Senado y turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, explicó que esta ley obliga a las agencias estatales del orden a colaborar y cumplir con las medidas de detención de inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el propósito de acabar con las llamadas “ciudades santuario”.
La legisladora por Tamaulipas consideró que es necesario que el Gobierno mexicano tome la iniciativa y se pronuncie en contra de la Ley SB4.
“La cancillería debe interponer ante los mecanismos internacionales la defensa de los derechos humanos de los mexicanos que radican en Texas”, aseveró.
Recordó que la Ley SB4 fue aprobada el pasado 27 de abril por la Cámara de Representantes y el 3 de mayo por el Senado de Texas y, luego de ser promulgada por el gobernador Greg Abbott, se esperaba que entrara en vigor el pasado el 1 de septiembre.
Sin embargo, el 31 de agosto, el juez Orlando García de San Antonio, Texas, declaró que existen posibles violaciones a la primera y cuarta enmienda de la Constitución, por lo cual envió el fallo a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito con Sede en Nueva Orleans y con jurisdicción sobre Louisiana, Texas y Mississipi; sin embargo, dijo, a éste se le considera uno de los tribunales más conservadores del país.
A pesar de que se trata sólo de una medida cautelar que no entra a valorar el fondo de la ley, es importante que el Gobierno mexicano se pronuncie puntualmente sobre este tema.
García Guajardo expuso que se define como “ciudades santuario” a las jurisdicciones territoriales que cuentan con políticas diseñadas para limitar su cooperación con las acciones federales en la aplicación de la Ley de Inmigración.
“El concepto surgió en la década de 1980 cuando la ciudad de Los Ángeles solicitó a la policía que dejara de interrogar a algunas personas, con el fin de determinar su situación migratoria; formalmente, no se trata de un término legal, por lo cual se puede implementar y poner en práctica de diversas formas o simplemente con acciones cotidianas que los ciudadanos adoptan”, detalló.
García Guajardo apuntó que desde su surgimiento, algunas de las ciudades declaradas santuario son Miami, Seattle, San Diego, Austin, Boston, Houston, Chicago, San Francisco y Denver.
“Millones de mexicanos viven en Texas y, a pesar de que no todos son indocumentados, también están en riesgo de ser detenidos por agentes estatales de Texas, a quienes se les faculta para detener a cualquier ciudadano, con el argumento de que debe probar su situación migratoria en cualquier lugar que se encuentre”, advirtió.
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