Por: Redacción/

El diputado Jesús Fernando García Hernández (Morena) presentó una iniciativa que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de que las personas de la tercera edad que no cuenten con seguridad social, tengan acceso a la atención médica de urgencias sin costo alguno.

En un comunicado, resaltó que con esta propuesta se dará cumplimiento al artículo 4o. de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Señaló que la atención médica de urgencia en adultos mayores es uno de los servicios que mayor demanda presenta ante el agravamiento de padecimientos diversos de este grupo de la población, y “es todavía más complejo para quienes carecen de esta garantía”.

“La atención médica de urgencias brindada con oportunidad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Debe ser garantizada tanto a la población derechohabiente de los servicios de salud del sector público, como a quienes no reciben esta garantía”, subrayó.

García Hernández, indicó que en México, la cifra de adultos con 60 años de edad y más, se ubica en 13.8 millones de personas, que constituyen 11.3 por ciento de la población total, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

En ese sentido, sostuvo que el segmento de adultos mayores estará requiriendo en consecuencia, de una mayor atención por parte del sector público, y necesitará que las políticas al respecto determinen una atención integral de la salud de estas personas.

“Si el envejecimiento de la población puede considerarse un éxito en razón de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, constituye un reto para la sociedad, que deberá adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud, participación social y seguridad, así como la capacidad funcional de las personas adultas mayores”, puntualizó.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis.