Por: Redacción/

La propuesta de eliminar el examen de admisión para cursar estudios de licenciatura derivaría en la interacción entre diferentes ámbitos políticos para debatir, si el titular del Poder Ejecutivo tiene o no la facultad de “invadir derechos que están protegidos por las leyes orgánicas de autonomía” de las instituciones de educación superior, consideró el doctor Roberto Rodríguez Gómez-Guerra, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La incertidumbre o el punto del debate será entre lo deseable y lo posible; entre los apoyos que se darán a una política y la voluntad de las escuelas y de los estados con gobiernos de oposición de seguir esa línea”, apuntó en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El investigador defendió la autonomía universitaria en México, la cual “es fundamental, dado un nuevo marco de obligaciones y derechos y el escenario financiero y presupuestal en este contexto”, y preguntó cuáles son las posibilidades de interacción del marco autonómico de las instituciones, que tienen que ver con el financiamiento, pero sobre todo ante la circunstancia de dejar en el pasado los exámenes de admisión a la licenciatura.

Al dictar la conferencia magistral La autonomía universitaria como figura jurídica. Alcances y limitaciones consideró que “la reforma al artículo 3 constitucional establece la gratuidad y la obligatoriedad, los transitorios dicen que será gradual”.

El discurso del Presidente del país va en el sentido de que los exámenes de admisión deben quedar en el pasado y eso pone condiciones nuevas del lado práctico respecto de si esto es posible o no, “pero también en el ámbito jurídico en cuanto a si tiene las facultades o no para invadir derechos protegidos por las leyes orgánicas de autonomía de las universidades”.

En el marco de la sesión del Consejo Regional del Área Metropolitana (CRAM) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el académico refirió que se deben revisar las leyes orgánicas para conocer si puede o no intervenir, aunque aventuró que las universidades estatales (descentralizadas), sobre todo donde hay gobiernos de oposición, enfrentarán grandes retos, ya que tendrán que hacer convenios específicos con las instituciones para que con recursos adicionales incrementen su ritmo de crecimiento y no cobren cuotas.

La autonomía puede interpretarse como “libertad de decidir en libertad, más allá de todas sus implicaciones: decidir sobre el ingreso, la promoción y la permanencia de los académicos, por ejemplo, así como la capacidad de promover cambios a los planes y programas de estudio, fundar nuevas licenciaturas y quitar las obsoletas”.

En este sentido, expuso que desde el punto de vista jurídico es importante entender que no sólo hay una autonomía sino 38, que derivan de la facultad de los congresos: el federal y los locales de establecer a través de leyes orgánicas esta condición.

También destacó las garantías institucionales planteadas en la fracción Séptima del Artículo 3º Constitucional que establecen un “ámbito jurisdiccional en el que las autonomías de las universidades de los estados no están protegidas, pero sí en el ámbito de la federación”.

Además se establece una condición de gran interés, es decir, la posibilidad de entablar, por ejemplo, amparos o juicios en la Suprema Corte de Justicia y ya no solamente en los tribunales o cuerpos colegiados locales.

El doctor Rodríguez Gómez-Guerra descartó que en el contexto actual las universidades autónomas estén amenazadas por un nuevo régimen, pues “hay poca evidencia de eso como tal, pero un aspecto que deben discutir y reflexionar es el del financiamiento”.

La doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, mencionó que la autonomía no impide la fiscalización de los recursos federales que se otorgan a las universidades públicas para su funcionamiento y el cumplimiento de sus fines, porque tal obligación no significa la intromisión a su gobierno y autoadministración.

Por el contrario, expuso, existe la verificación de que las aportaciones económicas que reciben del pueblo se destinen para los fines para los cuales fueron otorgadas.

El doctor Romualdo López Zárate, ex rector y profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco de la Casa abierta al tiempo, consideró que las universidades deben rendir cuentas, pero sin violentar lo establecido en el Artículo 3º constitucional, que es la facultad de las universidades de administrar su patrimonio.

El rector general de la UAM, doctor Eduardo Peñalosa Castro, mencionó que la autonomía universitaria como figura jurídica resulta de vital importancia para instituciones que componen el Consejo Regional del Área Metropolitana de la ANUIES, las cuales comparten una filosofía humanista que se manifiesta en la colaboración y en el lugar preponderante que se le otorga a los preceptos universitarios, “lo que acentúa la trascendencia de nuestros objetivos institucionales”.

El año pasado durante la tercera conferencia regional de educación superior en el marco del Centenario de la Reforma Universitaria de Córdova en 2018, que reunió a los principales rectores, actores, directivos de la educación superior del continente, uno de los postulados a reflexionar fue precisamente “el compromiso de una universidad autónoma, crítica, democrática, participativa, con libertad de creencia y con una visión latinoamericana sensible a los requerimientos de nuestras sociedades”, recordó el Rector General.