Por: Redacción/

La Ley General de Archivos (LGA) impulsa una gran transformación del servicio público que busca generar consciencia en los servidores públicos sobre la importancia de una adecuada gestión documental al interior de las instituciones públicas, afirmó Issa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM).

“Muchas de las leyes van a tener que establecer esto a manera de compromiso, pero también de obligación de los estados a capacitar intensamente, no solamente a las encargadas y encargados de los archivos, sino también a todas las personas”, concluyó.

Indicó que la gestión documental debe ser una tarea de todos los funcionarios en su labor cotidiana, dentro de un programa de profesionalización que considere a los archivos como la pieza fundamental para el análisis y control de la gestión pública.

En el marco del foro Ley General de Archivos. Armonización e implementación, organizado por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Archivo General de la Nación (AGN), la investigadora presentó el “Diagnóstico para la Armonización de las Legislaciones Locales en Materia de Archivos”.

“Este diagnóstico es una herramienta que puede servirles a los profesionales internamente en sus Gobiernos, en sus estados, para promover hacia adentro el debate, la relevancia y poner con claridad en la mesa los elementos que se deben de reformar y los que se tienen que tomar en cuenta en cada uno de los estados de la República”, planteó.

Añadió que el diagnóstico cumple con la tarea de contribuir a establecer los parámetros mínimos con los que deben contar las legislaciones a nivel estatal para garantizar una adecuada gestión documental.

Luna Pla informó que el diagnostico arrojó importantes desafíos para la armonización e implementación de la LGA, entre los que destacan que ninguna de las leyes locales cumple a cabalidad con los parámetros previstos en la Ley General.

“Eso nos va a exigir una reforma a los ordenamientos de todos los estados. El más cercano, sin embargo, es el del estado de Zacatecas, que ya cuenta con una legislación bastante aproximada a lo que Ley General establece y que tiene una tradición muy antigua de la preservación y conservación de los archivos. Sería uno de los primeros estados que logrará una armonización bastante satisfactoria”, destacó.

La investigadora indicó que otro de los retos es que los sujetos obligados no contemplan previsiones que establezcan que los archivos históricos son de acceso público, ni la previsión de que la información pudiera estar relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad y por eso sea importante la conservación y apertura.

“Esto va a tener que ser un cambio paulatino a lo largo de la República en donde se empiecen a considerar a los archivos como una materia fundamental para preservar la verdad y los derechos humanos en los estados del país, cuando efectivamente tenemos en todas las entidades problemas de seguridad pública”, enfatizó.

Luna Pla vinculó dos retos como herramientas para garantizar la conservación adecuada de los documentos: La profesionalización de las labores de documentación en la administración pública y la capacitación en la materia. En la presentación participó Federico Guzmán Tamayo, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (SNT).