Por: Redacción

La guerra contra las drogas ha sido un fracaso, no sólo en Estados Unidos. En México los indicios y datos hablan de la catástrofe que ha significado, pues no ha dado resultados en materia de salud ni de seguridad con respecto a lo que ocurría hace 10 años, cuando nos lanzamos sin un diagnóstico claro y sin objetivos explícitos a esta lucha que no tiene sentido, coincidieron especialistas en la UNAM.

En la conferencia magistral “Hacia una mejor política de drogas: lecciones de una experiencia práctica”, Andrew Freedman, director de la Coordinación de Marihuana del estado de Colorado, dijo que se deben establecer metas claras para implementar el modelo que mejor convenga en cada caso.

En el encuentro organizado por la UNAM y El Instituto Aspen en México, y moderado por el exrector Juan Ramón de la Fuente, el funcionario estadunidense habló de los pros y contras de la legalización de esa droga en aquel estado de la Unión Americana, en donde se puede usar de forma recreativa a partir de 2013.

Hoy se cuenta con una industria más o menos reglamentada; el producto se entrega en un paquete que no puede abrir un niño. Cada planta tiene una etiqueta electrónica que emite una pulsación de radio. De ese modo “sabemos en dónde está cada onza”.

Desde entonces, explicó, el consumo no ha cambiado. La Cannabis sativa se usa de la misma forma que antes. Tampoco se ha visto que las muertes en carreteras hayan aumentado por esa causa; en general, se han mantenido igual.

No obstante, reconoció, hay algunas tendencias preocupantes, como el aumento de las hospitalizaciones por su uso; por ejemplo, la que es comestible se puede consumir en exceso y crear problemas de psicosis inducida. También se han registrado casos de consumo en niños menores de nueve años, alrededor de 15 a 25 hospitalizaciones al año, que la han ingerido porque piensan que es un dulce.

Luis Astorga Almanza, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, cuestionó cómo lograr la aplicación de un modelo de esa naturaleza en un país con instituciones sumamente débiles, como México, en donde las organizaciones criminales son muy fuertes y poseen una diversificación de drogas con las cuales negocian, y en donde el mercado de la marihuana no es el principal, sino el de la cocaína.

Pensar que legalizarla significa un golpe fuerte a las organizaciones criminales, no es realista, pero sí lo es pensar en la cantidad de gente que potencialmente no iría a la cárcel por consumo o posesión simple de cierta cantidad de marihuana.

María Elena Álvarez-Buylla, del Instituto de Ecología de la UNAM, recordó que la empresa Monsanto creó, en 2015, la primera variedad de marihuana genéticamente modificada para hacerla más potente o resistente a algunos herbicidas. Ante eso se ha planteado que los transgenes se moverán a través de semillas y polen y llegarán a acumularse sin control en las plantas que no son genéticamente modificadas.

La liberación al ambiente de cultivos transgénicos que no pueden contenerse en los sitios donde son inicialmente aprobados deriva en problemáticas socioambientales profundas. Además, habría implicaciones para la salud, añadió la experta.

Alejandro Madrazo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), opinó que en México, para empezar, el modelo más razonable de legalización de la marihuana sea quizá el monopsonio estatal, es decir, que el Estado compre toda la cosecha y distribuya a todos los puntos de venta. Eso permite concentrar y controlar la información completa del mercado y realizar funciones de regulación.

Una medida necesaria para revertir la situación actual de crisis institucional y de epidemia de violencia, es pasar a mercados regulados de drogas. “Nuestra capacidad de perseguir, prevenir y castigar delitos, nunca va a ser suficiente mientras desperdiciemos recursos en meter a la cárcel a poseedores de marihuana. Y sobre todo es importante tomar una decisión lo más pronto posible”.

La abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, mencionó en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades, que los derechos de niñas, niños y adolescentes, han estado ausentes del debate sobre las políticas de drogas.

Se les identifica como un grupo al que hay que proteger del consumo, cuando las implicaciones de la política en la materia van mucho más allá de que puedan consumir o no.