Por: Redacción/

Ante los altos índices de impunidad que prevalecen en México, existe un indiscutible consenso académico, político y social respecto de la necesidad de llevar a cabo grandes cambios en el sistema de justicia de nuestro país; las diferencias surgen a la hora de definir el sentido y los alcances de dichos cambios, señala un estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez.

La investigación titulada “Temas pendientes de la reforma al sistema de justicia en México”, elaborada por el investigador César Alejandro Giles Navarro, identifica que, por orden de prioridad, entre las asignaturas pendientes destacan las omisiones legislativas del Congreso de la Unión, es decir, las leyes secundarias de las reformas constitucionales en materia de justicia cotidiana cuyo plazo para su expedición ha vencido, supuesto en el que se  encuentran la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, la Ley General del Registro Civil, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias no penales, el Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros.

Algunas otras propuestas reiteradas desde la academia y organismos internacionales apuntan hacia la expedición de un Código Penal Único, el fortalecimiento de las facultades del Consejo Nacional de Seguridad Pública y definir constitucionalmente las bases de actuación y funcionamiento de las procuradurías y fiscalías en las entidades.

El estudio revela que, en lo que va de la LXIV Legislatura se han presentado 1 262 iniciativas en materia de justicia, entre las que resaltan las iniciativas para acabar con la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial y la nueva Ley de la Fiscalía General de la República.  

 

De este total de iniciativas, 626 plantean reformas al Código Penal Federal, 128 están relacionadas con la ampliación del catálogo de delitos en los que el juez debe ordenar la prisión preventiva oficiosa y 277 proponen tipificar o aumentar las sanciones y tipos penales para delitos como robo, extorsión o el incumplimiento de obligaciones alimenticias, entre muchísimos otros.

La investigación refiere que, ante la falta de un plan integral, coherente y ordenado para reformar al sistema de justicia penal, cobran cada vez más fuerza propuestas para revertir el sistema acusatorio, así como las medidas enmarcadas en el denominado “populismo penal”.

Lo cierto es que ni el regreso al modelo inquisitivo, ni la elevación de las penas, ni la ampliación de la prisión preventiva oficiosa por sí mismas resuelven el problema de la impunidad y, por el contrario, representan amenazas para los derechos humanos y auténticas trampas para la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, señala el autor del estudio.

En ese sentido,  el investigador considera que una de las mayores ausencias en el debate actual es el fortalecimiento del Poder Judicial en las entidades federativas, en donde persisten los más grandes rezagos en términos de subordinación política, profesionalización, vulnerabilidad presupuestal, acumulación de expedientes, infraestructura, transparencia y rendición de cuentas, entre otras deficiencias que impactan en la impartición de justicia.