Por: Redacción/

El gobierno y la carrera judicial representan un eje fundamental en el proyecto de reformas del Poder Judicial de la Federación, que busca garantizar la ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad de la función judicial, señala un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).

El reporte titulado “Algunos aspectos sobre gobierno y carrera judicial: países seleccionados”, elaborado por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, señala que, de acuerdo con el reporte del Foro Económico Mundial, en América Latina, Uruguay, Chile y Costa Rica ocupan, respectivamente, los primeros tres lugares en materia de percepción de independencia judicial, mientras que México ocupa el lugar número siete y, a nivel internacional, el 103 de 141 países.

Según el análisis del IBD, no existe una regulación homogénea del gobierno y carrera judicial, aunque México destaca al tener un órgano de gobierno judicial con independencia técnica y de gestión, respecto a su máximo tribunal; mientras que Costa Rica y Chile establecen órganos auxiliares para que sus cortes supremas ejerzan sus facultades en materia de gobierno judicial, y en Uruguay las ejerce directamente su corte suprema.

Una buena práctica identificada en Costa Rica es la estrecha vinculación de la Escuela Judicial y el Poder Judicial, al establecer un mecanismo de ingreso a la función jurisdiccional desde la propia academia; ya que ello coadyuva a que los servidores públicos que devengan de ese proceso tengan los conocimientos y habilidades necesarios desde su ingreso para cumplir con sus funciones.

En cuanto a la carrera judicial, es recomendable la realización de evaluaciones de desempeño ligadas a la permanencia y separación de la carrera judicial, como sucede en Chile.

En cuanto a la igualdad de género, ésta se regula generalmente de manera interna, aunque se considera importante que las constituciones y leyes orgánicas establezcan bases y regulaciones mínimas, con la finalidad de fortalecer la creación, promoción y continuidad de las políticas públicas en la materia.