Por: MUGS/Redacción

La reforma energética tiene en el Fondo Mexicano del Petróleo una de sus grandes fortalezas para contar con riqueza a favor de las futuras generaciones. Para lograrlo es necesario eliminar la dependencia del presupuesto público de la producción y venta de petrolíferos, señalaron especialistas durante el seminario “Reformas estructurales: avances y desafíos”, convocado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD).

Es necesario establecer estrategias de largo plazo, que permitan enfrentar grandes desafíos, como la inversión en la producción de gas shale y gasolinas, a fin de evitar que México, en el corto plazo, llegue a ser dependiente de los petrolíferos, pese a ser un gran productor.

A la par, se requieren programas de Estado con miras a impulsar las energías renovables; y que México no quede rezagado de nueva cuenta en el mercado energético internacional, puntualizaron los expertos.

Jaime del Río Monjes, investigador de la Dirección General de Finanzas del IBD explicó que la finalidad del llamado Fondo Petrolero es redistribuir con transparencia la renta petrolera, a través de transferencias anuales a proyectos concretos de inversión.

Una vez que el Fondo cumpla con estas transferencias, si le quedan recursos, podrá acumular ahorro de largo plazo y, de llegar a ser superior al tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), podrá destinar parte a inversión de impulso al desarrollo, como energías renovables, pensión universal, etcétera.

Sin embargo, uno de los principales aspectos que no contempló la reforma, y ahora es uno de los grandes desafíos, es lograr la reducción en al menos 50 por ciento, de la transferencia de recursos del Fondo Mexicano del Petróleo al presupuesto federal.

Para ello se requiere que la reforma energética pueda armonizarse con la hacendaria, en una estrategia gradual que implicaría analizar todas las áreas de oportunidad de desempeño del gasto público.

A partir de ello, añadió, podrá revertirse la creciente dependencia externa de gas natural y petrolíferos, lo que es contradictorio cuando es el 9º país productor de petrolíferos, y cuenta con la sexta reserva potencial de gas shale, derivado de la falta de inversión en producción e infraestructura.

“México podría llegar a ser importador neto, de continuar la dependencia en importación de gas natural y petrolíferos”, subrayó del Río Monjes al pronunciarse por una política energética de Estado con visión de largo plazo.

En lo anterior coincidió el consultor independiente, Jordy Herrera Flores, quien aludió que se dejó fuera de la reforma la planeación de largo plazo, lo que “se debe remediar para no quedarnos con esta sensación de que perdimos todo, cuando se perdieron los barriles de 100 dólares y nos quedamos con los de 46 dólares”.

Sostuvo que cuando se logre disminuir la carga de las finanzas públicas y se elimine el cortoplacismo, para emprender políticas de largo alcance, será posible aspirar a un sector energético sostenible y sustentable en el largo plazo, “y dejaremos de comernos la riqueza hoy, en beneficio de las generaciones del futuro”.

Para ello, agregó, es necesario también establecer objetivos claros de la política pública, pues actualmente se realizan diversas interpretaciones de acuerdo a distintas visiones. “Es fundamental que se reincorpore el horizonte de largo plazo, una política energética de Estado, más allá de 10 ó 15 años, para así poder determinar con claridad y estar más allá de cada administración”.

Advirtió también que es necesario retomar la agenda verde, incentivar el desarrollo de energía renovable, pues en el Siglo XXI se dejarán de usar hidrocarburos y México debe estar preparado.

En tanto, Francisco Salazar Diez de Sollano, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, consideró que con la reforma energética hubo un cambio fundamental en la organización industrial para permitir la competencia en este sector.

No obstante, dijo que no se podía apostar todo solamente a la liberación del mercado, sino que tenía que haber un rediseño institucional importante, pues una transición ordenada debe ir acompañada de una regulación, y el único que puede realizar esta función es el Estado.

Por otro lado, opinó que en la reforma quedaron fuera elementos clave, como el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado, pues no se les permitió capitalizarse en el mercado de capitales.