• La FMOPDH destacó que existe evidencia de que la prisión preventiva la última opción, así como tiene un mayor impacto en las poblaciones de atención prioritaria como mujeres, indígenas, jóvenes y población en situación de pobreza.

Por: Oscar Nogueda/

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) llamó a la Cámara de Diputados a realizar una revisión de las reformas, aprobadas por el Senado de la República, para la ampliación de la prisión preventiva en el país.

“La finalidad de esta petición es atender las recomendaciones de organismos internacionales, especialistas que han aportado en diferentes foros y espacios de debate, evidencia suficiente que permita regular de manera adecuada el uso de la prisión preventiva como una última medida, a partir de una reforma constitucional que elimine el carácter oficioso de la misma”, mencionó la FMOPDH.

La Federación externó que las instituciones de procuración y administración de justicia deben analizar la necesidad, racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares implementadas en con concordancia con la gravedad de los delitos cometidos.

“La reforma del sistema penal acusatorio oral se fundamenta en el principio de presunción de inocencia, sobre el cual se construye todo el modelo vigente, mismo que tiene como finalidad establecer y hacer valer los principios de publicidad, contradicción, continuidad, concentración, inmediación, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso”, apuntó la FMOPDH.

En ese sentido, la Federación puntualizó que la prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos de presunción de inocencia, libertad personal, derecho a la defensa, seguridad jurídica.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció como derecho fundamental la presunción de inocencia, la cual exige que los imputados sean tratados como inocentes durante y antes del procedimiento judicial. La Corte determinó que la violación a este principio vulnera la defensa del acusado.

La FMOPDH mencionó que la ampliación de la prisión preventiva fortalece un sistema punitivo, el cual busca utilizar esta medida como castigo y percepción social de seguridad en la prevención de los delitos.

“La propuesta de reforma aprobada, en lugar de transitar hacia un régimen garantista en el que el Ministerio Público debe probar alguna de estas circunstancias a favor de la justicia y las presuntas víctimas del delito, fortalece un sistema punitivista que busca utilizar la prisión preventiva como una medida de castigo, y percepción social de seguridad en la prevención de los delitos y acceso a la justicia en materia penal”, declaró la FMOPDH.

La Federación destacó que existe evidencia de que la prisión preventiva la última opción, así como tiene un mayor impacto en las poblaciones de atención prioritaria como mujeres, indígenas, jóvenes y población en situación de pobreza. Asimismo, manifestó que las personas en prisión preventiva carecen de los recursos económicos necesarios para una defensa privada adecuada.

“La prisión preventiva debe ser la última ratio y tiene un impacto mayor en la población perteneciente a grupos de atención prioritaria como son mujeres, indígenas, jóvenes y población en situación de pobreza, en virtud de que las personas que son detenidas por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, carecen de recursos económicos para tener una defensa privada adecuada, y sobrecarga al sistema de defensoría pública, y como consecuencia, al ser condenados, prolongan su estancia en los centros de reinserción social”, expresó la FMOPDH.