• La organización externo que Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, apoyará la creación de una Comisión Especial, con el apoyo de las Naciones Unidas  y agencias internacionales.

Por: Oscar Nogueda/

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático  de Derecho (FJEDD) reconocieron la voluntad política de la Subsecretaria de Derechos Humanos  para impulsar una reunión entre la Dirección General de Asuntos  Jurídicos de la Secretaria de Relaciones Exteriores y los gobiernos de Guatemala, así como de Brasil para realizar las exhumaciones de los restos de las víctimas de San Fernando para que sus familiares puedan tener certeza sobre los cuerpos entregados.

En la segunda audiencia de alto nivel con las autoridades mexicanas,  se acordó retomar los trabajos de la Comisión Forense e integrar a la Fiscalía de Tamaulipas y a la Comisión de este estado en las labores de identificación de restos humanos pendientes.

Asimismo, la organización externo que Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, apoyará la creación de una Comisión Especial, con el apoyo de las Naciones Unidas  y agencias internacionales. A pesar de ello,  lamentaron que Sandra Irene Herrerías Guerra, Fiscal especializada en derechos humanos  no tenga una respuesta concreta a los cuestionamientos de las familias de los 72 migrantes.

“Consideramos que está en manos del Fiscal General, conjuntamente con otras instituciones federales, el poner fin a la impunidad en la que se encuentran estos casos clasificados como graves violaciones a los derechos humanos. El modelo de investigación propuesto está establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía por lo que es una cuestión de voluntad política y de aplicar la ley”, señaló FJEDD.

Igualmente, destacó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no brindó una propuesta clara  para atender las necesidades inmediatas de las víctimas, no obstante, se prevé una serie de reuniones con dicha institución, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Subsecretaría de Derechos Humanos  para encontrar soluciones de apoyo médico y alimenticio.

“Esta solución será un modelo integral de reparación, parecido al que se ha llevado a cabo en el caso de Cadereyta, donde parte de la reparación sea la identificación de los restos, los procesos de justicia, de apoyos integrales y garantías de no repetición”, apuntó FJEDD.

La Oficina de las Naciones Unidas manifestó su disposición para apoyar en los esfuerzos conjuntos de las investigaciones de este caso. A su vez, los representantes de la iglesia subrayaron que las agresiones contra personas migrantes son un problema estructural vigente, además enfatizaron que las autoridades mexicanas deben redoblar sus esfuerzos  para investigar estos hechos, identificar a las personas fallecidas y reparar el daño a las familias.

“La masacre de las 72 personas migrantes fue declarada violación grave por la CNDH,  por lo que la sociedad en su conjunto tiene el derecho a conocer la verdad de los hechos, saber quiénes fueron los responsables y los motivos. Esto contribuirá a construir la memoria histórica y a fortalecer el Estado de Derecho, así como a adoptar medidas y políticas públicas de prevención y no repetición de los hechos lesivos”, apuntó FJEDD.

Por último, la Fundación manifestó que es necesario vigilar el cumplimiento de los compromisos acordados en la reunión de ayer y reconoció la participación de los ombudpersons de México, El Salvador, Honduras y Guatemala.