Por: Javier Bárcenas/

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la responsabilidad de pacificar al país, pero le será difícil exigir se imparta justicia con una fiscalía que carece de autonomía, sentenció el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados.

La diputada federal, Mariana Rodríguez Mier y Terán, convocó a la fuerza política mayoritaria de Morena a modificar la creación de este órgano del Estado, durante la discusión del dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Mientras que el diputado Rubén Moreira lamentó que con la creación de esta fiscalía se supriman fiscalías especializadas como las que hoy persiguen crímenes contra las mujeres, el secuestro y la trata de personas.

La diputada Rodríguez Mier y Terán anunció que el PRI votó a favor del dictamen, en lo general, porque no va a ser obstáculo al nuevo gobierno, pero precisó que el texto del dictamen sin los cambios propuestos por su bancada, las organizaciones sociales y los expertos, es un error porque carece de fundamento técnico y jurídico.

“Esperamos no tener que venir aquí decirles se lo dijimos, este modelo de fiscalía no es el que México necesita”, alertó la legisladora priista, al explicar que la procuración de justicia es la demanda más sentida de la sociedad y lo que menos conviene es tener un fiscal “carnal”, a modo del Presidente de la República.

Se necesita modificar el artículo 102 de la Constitución, para exigir un perfil especializado del fiscal y para modificar la forma en que se nombra y remueve al titular y a su Coordinador General en la Fiscalía.

Ante esto, los legisladores urgieron a bajar los índices de impunidad, porque no bastan los buenos deseos, ni las buenas intenciones e incluso Rodríguez Mier y Terán destacó que “el primero de diciembre ya se fue y la violencia en el país no bajó”.

El diputado federal Moreira Valdés precisó que el PRI no va a regatear los nombramientos al nuevo gobierno, pero le advertimos que no es la fiscalía que el país necesita porque la ley aprobada no da autonomía a la fiscalía.

“La paz del país dijo es una prioridad, queremos seguridad, que los narcotraficantes y los secuestradores estén en la cárcel, y por eso emplazamos a quienes ostentan el poder a someter a debate este tema de la autonomía, para que se incluya en el artículo 102 constitucional”.