Por: Redacción/

El esquema constitucional que prepondera el financiamiento público sobre el privado en las campañas electorales está en riesgo, en particular en el proceso comicial de este año en el que están en juego cientos de cargos de representación popular y ante el creciente número de quejas sobre el manejo de los recursos; de ahí la prioridad de analizar a fondo dicho tema.

Así lo advirtió el diputado Juan Romero Tenorio, al inaugurar el Foro “Sistema Electoral, Financiamiento de Campañas y Mecanismos de Control de Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales 2018”, que se llevó a cabo en el Recinto Legislativo de San Lázaro y en el que participaron especialistas, representantes de organismos electorales y organizaciones de la sociedad civil, en tres mesas de trabajo.

El también Presidente de la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales y organizador del evento, indicó que este encuentro tiene como objetivo analizar los alcances y límites actuales del sistema de fiscalización establecido en la Constitución Mexicana, relativo al uso de capital monetario en las campañas electorales de todos los niveles de Gobierno.

Al respecto, recordó que este sistema mantiene dos criterios: 30 por ciento se distribuye de forma igualitaria para los partidos políticos y el 70 por ciento es proporcionado en función de la votación obtenida en la última elección. “Este esquema está en juego en este proceso electoral, por ello hemos invitado a especialistas sobre este tema, para reflexionar”, sentenció.

En su oportunidad, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, Secretario de la citada Comisión, celebró el esfuerzo de la Presidencia de la misma y el trabajo de los ponentes, ya que este tipo de diálogos democráticos son necesarios, así como la rendición de cuentas por parte de los aspirantes, en particular en lo que será la elección más importante en la historia de México.

Posteriormente, en la primera mesa de trabajo, intitulada “Sistema Electoral y Sistema de Financiamiento”, participaron Irma Eréndira Sandoval, Coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Pedro Zamudio Godínez, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de México; Ana Saiz, experta en materia electoral, y Eduardo Bohórquez López, Director General de Transparencia Mexicana.

Los expertos coincidieron en que “faltan piezas” o es necesario cambiar otras que ya no funcionan para mejorar el sistema de financiamiento electoral, y que el asunto medular es que existen muchos temas del engranaje institucional que deben ser resueltos. Esto, señalaron, ha permitido hasta hoy el uso irregular de los programas sociales, de subsidios y de recursos fiscales en poder del gobierno para financiar campañas proselitistas.

En su turno, Eduardo Bohórquez expuso que no cabe duda de que nadie puede tener una capacidad de gasto como la que se ha visto en recientes elecciones estatales, sin utilizar recursos que están en poder y manejo del Poder Ejecutivo.

“Es lamentable que el propio Congreso de la Unión, en su representación plural, bloquee asuntos como los que se plantean en este seminario, porque lo que se quiere es que no se discuta un asunto que ponga en evidencia el uso ilegal de recursos para el financiamiento de la política”, recalcó.

A su vez, Irma Eréndira Sandoval alertó sobre un tema del que se habla poco y que representa un riesgo para la democracia mexicana: que empresas cobijadas bajo el derecho privado son partícipes de fraudes, abusos e ilegalidades ligados a procesos electorales.

“Por ello los particulares deben ser sujetos obligados de las leyes de transparencia y no solo ser invitados a participar voluntariamente en ese mecanismo de control”, subrayó la experta, quien asumiría la titularidad de la Secretaría de la Función Pública en caso de que Morena gane las elecciones presidenciales.

En ese sentido, Ana Saiz urgió a analizar las consecuencias de la violación a las normas electorales y la corrupción, a la luz de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, firmada por México. Al tomar el micrófono, Pedro Zamudio hizo un relato histórico de los avances del sistema electoral de nuestro país y la creación de órganos electorales.

En la mesa “Denuncias en Materia Electoral” se contó con la participación de Marco Antonio Baños, Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE); Mario Velázquez Miranda, Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), y Héctor Marcos Díaz-Santana, Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)

El primero hizo una invitación al Congreso de la Unión a que en un futuro cercano se legisle para lograr la homogeneización de los topes de gastos de campaña. Por su parte, Díaz-Santana aseguró que si bien la responsabilidad de transparencia y legalidad es de los actores políticos, la ciudadanía tiene la obligación de equilibrar la balanza. Al mismo tiempo, hizo un llamado a denunciar cualquier uso irregular de programas sociales en el actual proceso electoral.

En la última mesa de trabajo, bajo el nombre “Medios de Control y Combate a la Corrupción”, asistirán como ponentes Santiago Nieto Castillo, extitular de la FEPADE, y John M. Ackerman, Coordinador de la iniciativa Diálogos por la Democracia, de la UNAM.