Por: Redacción/

La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer las investigaciones sobre la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas,el pasado 5 de septiembre en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En un comunicado, informó que con este objetivo presentó un punto de acuerdo, a fin de garantizar justicia y reparación del daño a víctimas directas e indirectas, pues al parecer autoridades estatales están involucradas.

Señaló que, pese a la versión oficial de la Secretaría de Seguridad de la entidad de que los ocho fallecidos eran criminales del Cártel de Noroeste disfrazados de militares, quienes fueron abatidos por policías estatales, existen versiones que apuntan a que en realidad fue un asesinato extrajudicial.

La líder parlamentaria sostuvo que testimonios de sobrevivientes de los hechos y de familiares de los fallecidos, recabados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, indican que las víctimas fueron sacadas de sus casas, obligadas a vestir ropa militar y conducidas por los agentes a otro domicilio, donde fueron ejecutadas.

Refirió que el Comité de Derechos Humanos denunció tales actos ante la Secretaría de Seguridad del estado y presentó una queja ante la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobierno de Tamaulipas.

Asimismo, solicitó medidas cautelares para preservar la integridad física de los testigos y sobrevivientes de los hechos.

Indicó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado inició una investigación por la posible ejecución extrajudicial de las ocho personas.

Subrayó que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez calificó el caso de “gravísimo” y contrario a la política de defensa de herechos humanos planteado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, dijo, el funcionario federal anunció que el gobierno federal colaboraría con el gobierno estatal, pero también, de ser necesario, plantearía la posible atracción del caso por parte de la FGR.

Juárez Piña reiteró la necesidad de procurar protección a testigos y familiares de las víctimas, ya que éstos denuncian haber sido amenazados por afirmar que las imágenes de los cinco hombres y las tres mujeres fallecidos, vestidos con uniforme estilo militar pero con chalecos del cártel, y difundidas por el gobierno estatal, fueron “un auténtico montaje”.