Por: Redacción

Luego de las denuncias presentadas por Acción Nacional, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) abrió investigaciones contra funcionarios públicos por desvío de recursos a la campaña del PRI en Coahuila, que ascienden a más de 13 millones de pesos.

El vicecoordinador de Comunicación, Difusión y Mensaje del PAN en la Cámara de Diputados y representante legislativo ante el Instituto Nacional Electoral, Jorge López Martín, dio a conocer lo anterior e informó que se descubrieron la existencia de retenciones de salario en contra de diversos trabajadores para desviarlo al Partido Revolucionario Institucional.

Detalló que el pasado 14 de junio presentaron una denuncia contra Juan Carlos Ayup Guerrero, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila; José Luis Moreno Aguirre, director general del Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; Pedro Castillo Guevara, contador general y administrativo del Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; José Dávila Garza, director general del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado y en contra de quienes resulten responsable por la presunta violación al Articulo 11 fracciones III y V de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Precisó que el derecho al salario que se encuentra Constitucionalmente protegido, fue violentado por los servidores públicos, los cuales aprovechando su jerarquía laboral, elaboraron formatos para que sus subordinados aportaran de manera periódica un porcentaje de su sueldo al Partido Revolucionario Institucional.

López Martín presentó una segunda queja el pasado 21 de junio en contra de Raúl Onofre Contreras, presidente municipal de Matamoros; Teodoro Arguijo Hernández, tesorero municipal de Matamoros, Coahuila; Arnulfo Ibarra Hernández, secretario de la Organización del Comité Municipal del PRI de Matamoros; Servando Zárate Muñoz, presidente municipal del PRI de Matamoros y contra quien resulte responsable por la presunta violación al Articulo 11 fracciones III y V de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

En todos los casos se descubrieron retenciones de los trabajadores por diversos motivos, principalmente en el Impuesto Sobre la Renta, para el Fondo de Pensiones del Estado, Ahorro, Servicio Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, inclusive los impuestos y derechos de control vehicular y aportaciones voluntarias.

Ante la aportación de las pruebas documentales, la FEPADE dio entrada a las denuncias del diputado López Martín e inició la carpeta de investigación correspondiente.