Por Roberto Barco Celis/
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Héctor Díaz-Santana Castaños anunció en conferencia de prensa la atracción de las investigaciones que realiza en el fuero común la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua, relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos a campañas electorales en los comicios de 2016.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades de Chihuahua más de 600 millones de pesos se habrían desviado del gobierno de esa entidad durante el mandatao de César Duarte Jáquez en beneficio de candidatos del PRI y por ello ya hay 15 personas sujetas a proceso penal.
Hoy, el titular de la Fepade informó que está en espera, de que “la fiscalía de Chihuahua en el marco de la ley, remita las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en materia penal electoral”.
Héctor Díaz-Santana Castaños dijo que la atracción es posible debido a la vinculación jurídica entre delitos locales y federales que muestra el proceso de investigación, mismos que “fueron denunciados ante la Fepade por diferentes partidos políticos nacionales, con ello se continuarán las investigaciones con apego a derecho y de forma integral, en especial, lo relativo al posible desvío de recursos federales y estatales para apoyar a un partido político”.
Titular de Fepade, Héctor Díaz-Santana Castaños
Las razones de la atracción, explicó Díaz-Santana, son que el organismo a su cargo tiene competencia para actuar cuando se destinen apoyos ilegales hacia un partido político nacional aun cuando los recursos sean estatales. La facultad de fiscalización de los partidos políticos es exclusivamente federal y no reportar ingresos constituye una conducta que obstaculiza la función electoral.
“La Fiscalía tiene la obligación de investigar en materia penal electoral ante las denuncias que presentaron dos partidos políticos nacionales. El Poder Judicial de la Federación resolvió en dos procesos penales en curso, que los actos de apoyo y destino de bienes públicos por parte de integrantes del gobierno de Chihuahua a favor de un partido político sí son de competencia federal.
“La atracción está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales y los criterios judiciales establecen que la FEPADE tiene fundamento jurídico, incluso jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, para atraer esta investigación. Ha de subrayarse que la atracción no varía los delitos ni las penalidades que se investigan en el fuero común”.
El titular de la Fepade dijo que el organismo a su cargo”trabajará con base en el debido proceso la investigación del caso para esclarecer los hechos y evitar toda impunidad en beneficio de la ciudadanía y de la democracia en México”.
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