Por: Redacción/

El feminicidio en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México es la expresión final de la suma de diversas formas de violencia estructural ejercidas en contra de la población, pero de manera más severa contra las mujeres, señaló la licenciada Sofía Angélica Silva Gracia, maestrante del Posgrado en Psicología Social de Grupos e Instituciones de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Entre los elementos que exacerban las formas de agresión en contra de las féminas están la indiferencia y la exclusión social; una cultura sustentada en valores de desigualdad de género que inciden en las dinámicas de acceso a la educación, la salud y el empleo, así como en el disfrute pleno del espacio público y la violencia institucional, expresada a través de la falta de respuesta de las instituciones del Estado.

De acuerdo con su tesis Itinerario de vida y acción cotidiana de las mujeres: El ejercicio del espacio público ante el contexto de violencia feminidad en Chimalhuacán, Estado de México, la población de la zona oriente de dicha entidad se encuentra inmersa en una situación de desventaja. En 2010, por ejemplo, 62.7 por ciento padecía pobreza, 67.9 por ciento tenía un ingreso inferior a la línea de bienestar y 13.7 por ciento vivía en pobreza extrema.

Silva Gracia apuntó que si bien el feminicidio en el Estado de México estuvo presente durante muchos años fue a partir de 2005 que empezó a contabilizarse. Hasta el año 2010 se registraron 922 casos, 85 por ciento de los cuales no fueron resueltos y quedaron impunes.

En 2012 el Estado de México concentró el índice más alto de violencia económica, emocional y física registrado en el país. En ese contexto la entonces Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEM) reconoció 281 asesinatos de mujeres, aunque únicamente 62 fueron investigados como feminicidios.

Entre 2012 y 2014 la PGJEM abrió 30 carpetas de investigación por feminicidio, de las que reportó que 43.2 por ciento de las víctimas sufrió algún tipo de agresión en el ámbito comunitario, tales como intimidación, abuso sexual o agresión física.

De acuerdo con la investigación, los sectores más vulnerables del municipio –con una población estimada de 679,000 habitantes– son niñas de tan sólo nueve años y mujeres jóvenes de entre 15 y 34 años que carecen de actividad económica, aunque recientemente ha aumentado el riesgo para mujeres que laboran.

A pesar de que en julio de 2015 once municipios mexiquenses –entre ellos Chimalhuacán– emitieron la Alerta de Violencia de Género, en 2016 el feminicidio se incrementó 30 por ciento. La procuraduría de justicia estatal, de acuerdo con agrupaciones sociales, inició 200 averiguaciones previas, pero el Observatorio Nacional del Feminicidio precisó que en el Estado de México se registraron 263 feminicidios.

Para sustentar su investigación la licenciada Silva Gracia realizó recorridos en compañía de mujeres que habitan Chimalhuacán para evaluar su relación con el espacio público y conocer desde la voz de quienes como agentes sociales padecen diariamente la violencia, así como las prácticas sociales mediante las que la afrontan y no con base en estadísticas o informes o publicaciones existentes sobre el feminicidio.

La maestrante constató que el municipio –identificado por el basurero de Xochiaca– además de vivir en medio de la disputa por el control administrativo, político, cultural y económico de agrupaciones y partidos políticos padece formas de violencia estructural: corrupción institucional, desplazamiento y migración forzadas, discriminación, violencia intrafamiliar, escolar y de género, en un marco de importante presencia de grupos delincuenciales involucrados en narcotráfico, secuestros y tráfico de personas.