Para garantizar una efectiva procuración e impartición de justicia a las mujeres víctimas de feminicidio y salvaguardar los derechos de las víctimas indirectas como lo son las hijas e hijos, el Congreso mexiquense aprobó por unanimidad que, en casos de feminicidio, el sujeto activo pierda todos los derechos inherentes a la patria potestad, tutela, guardia, curatela y custodia sobre las hijas e hijos, así como los de tipo sucesorio.

De acuerdo con el dictamen, que conjuntó cinco iniciativas presentadas por separado por las bancadas parlamentarias de Morena, PRI, PRD y PVEM para reformar los códigos Civil y Penal de la entidad, se establece que quien haya sido sentenciado por el delito de feminicidio, homicidio doloso o feminicidio en grado de tentativa, perderá este derecho, y que las o los hijos deberán ser resguardados únicamente por su madre, y a falta de esta su familia, atendiendo el interés superior de la niñez, por lo que el juez de lo familiar deberá nombrar a un tutor o tutora.

Conforme al documento expuesto por la legisladora Anais Miriam Burgos Hernández (Morena), podrá decretarse la suspensión de la patria potestad al sujeto activo por acto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio o tentativa en contra de la madre de las o los menores sujetos a la patria potestad, cuando sean testigos presenciales del delito.

La reforma es resultado de las iniciativas presentadas por las diputadas Anais Miriam Burgos, de Morena; Isabel Sánchez Holguín y Paola Jiménez Hernández, del PRI; Viridiana Fuentes Cruz, María Elida Castelán Mondragón y Omar Ortega Álvarez, del PRD; así como María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, del PVEM.

Detalla que, en el caso de feminicidio, cuando el delito se cometa frente a las hijas o hijos de la víctima directa, se impondrán penas de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y se añade que la patria potestad se acaba por la exposición que la madre o el padre hiciera de sus hijas o hijos.

Precisa que se entenderá como homicidio doloso la privación de la vida de una mujer por razones de género, para los efectos de la suspensión provisional de la patria potestad o tutela y del régimen de convivencia con los descendientes o ascendientes de la víctima en los casos en los que las hijas e hijos menores de edad sean testigos presenciales del hecho.

En su intervención, la legisladora Anaís Miriam Burgos aseveró que la reforma ayuda a garantizar a que las infancias mexiquenses puedan vivir de mejor manera. Además, solicitó un minuto de silencio para honrar la lucha colectiva a favor de la inclusión de las personas no binarias y la libertad de expresión ante el fallecimiento de Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, a quien, de acuerdo con las primeras indagaciones de la Fiscalía de Justicia de esa entidad, le habría quitado la vida su pareja sentimental antes de suicidarse.

La legisladora solicitó retomar la iniciativa de transfeminicidio y crímenes de odio que actualmente está en comisiones y comunicó a los colectivos de la diversidad sexual que se suma a la lucha para esclarecer la muerte Ociel Baena.

En sus intervenciones, la diputada Isabel Sánchez lamentó que el Estado les haya fallado a las hijas e hijos de víctimas de feminicidio, pero reconoció que la reforma es un paso firme a favor de las infancias y adolescencias afectadas por los feminicidios, pues en promedio acaban con la vida de 11 mujeres diariamente en el país y que en 80% de los casos es cometida por parejas o exparejas sentimentales; la legisladora María Luisa Mendoza lamentó que el Estado de México ocupe el primer lugar nacional en feminicidios y puntualizó que era necesario que en la entidad se aprobara una reforma para quitar la patria potestad a feminicidas, como ya ocurrió en Puebla y Sinaloa.

La diputada Paola Jiménez compartió que se han censado, de diciembre de 2018 a marzo 2021, a cuatro mil 966 menores de edad en orfandad por el asesinato de sus madres a manos de parejas o exparejas, así como que en la entidad se han contabilizado, con corte a 30 mayo de 2022, a 531 menores por la misma situación lo cual afirmó expresa la crudeza de la iniciativa aprobada con la que se puede cambiar el rumbo de sus futuros.

Cabe señalar que para el análisis de las iniciativas se contó con la presencia de Cristel Yunuen Posas Serrano y la jueza Edna Edith Escalante Ramírez, integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México; Verónica Cortes Marroquín y Víctor Romero Salgado, visitadora auxiliar en materia penal del Poder Judicial y secretario particular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, respectivamente.