Por: Oswaldo Rojas

· Esta iniciativa se tomará en cuenta para crear una legislación “potente”, señala Roberto Gil Zaurth; garantiza que serán escuchados en el debate de esta ley.

· La voz de las víctimas es imprescindible; la ley tiene que reconocer la dimisión y profundidad de esta tragedia, expresan familiares.

El presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, se reunió este miércoles con organizaciones civiles y familiares de personas desaparecidas, quienes le hicieron entrega de una propuesta de ley sobre desaparición forzada.

El senador dijo que este instrumento debe nutrir la discusión legislativa, a fin de que en conjunto se pueda encontrar el mejor modelo, los mejores instrumentos y elementos para implementar una política de Estado que devuelva a sus familiares a aquellas personas que hoy no podemos encontrar.

Aseguró que esta iniciativa será tomada en cuenta y se comprometió a que los familiares de personas desaparecidas sean escuchados en el debate de las distintas propuestas que existen en esta materia.

Reconoció que el Estado mexicano tiene una deuda frente a las víctimas y sus familiares, por lo que la creación de un instrumento legislativo “potente” permitirá pagar esa deuda. De ahí, indicó, la necesidad de encontrar conciliaciones, equilibrios y acercamientos para impulsar un diálogo productivo y útil.

Recordó que como senador presentó una iniciativa de reforma constitucional y una de ley reglamentaria en materia de desaparición de personas., la cual puede tener muchas áreas de oportunidad, pero está construida con la mejor intención para crear un instrumento que permita resolver el drama humano que muchas familias del país viven.

Gil Zuarth hizo énfasis en que el Estado está obligado a fortalecer sus capacidades y diluir los círculos de impunidad y corrupción que impiden que las personas desaparecidas puedan ser encontradas y que cada desaparición sea investigada por una autoridad confiable y que rinda cuentas.

La senadora Angélica de la Peña Gómez dijo que la Comisión de Derechos Humanos, que ella preside, buscará llevar a cabo una reunión de trabajo con las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, a efecto de integrar las propuestas entregadas, y elaborar un proyecto que permita un nuevo marco jurídico en la materia, “pues lo que ustedes piden es un compromiso que nosotros signamos”.

A nombre de familiares de personas desaparecidas, Janahui Paredes Lanchino manifestó que su voz es imprescindible para crear una ley que esté acorde y reconozca la dimisión y profundidad de esta tragedia.

Destacó que las autoridades están frente a una oportunidad histórica para reparar la confianza dañada y para crear una política de Estado que responda a las desapariciones, con la participación de las organizaciones de familiares de desaparecidos y de la sociedad civil.

Refirió que realizaron una serie de consultas con más de 70 organizaciones de familiares de desaparecidos en todo el país, en Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos, “cuyo resultado presentamos hoy ante ustedes”.

Queremos que esta ley sea una ley desde las víctimas, para las víctimas y con las víctimas, que se garantice la participación y el trabajo en conjunto con las familias en su formulación, implementación y evaluación; exigimos nuestro derecho a participar, apuntó.

En tanto, Araceli Salcedo Jiménez exigió que la nueva ley recoja de la realidad de las víctimas y sus familiares “porque nosotros sabemos lo que es este duro camino”.

Dijo que en México las investigaciones en casos de desaparición de personas están dirigidas por las mismos familiares de las víctimas, pues el Estado mexicano usa estrategias para deslindarse de las indagatorias; por ello, pidió que en la legislación se mantenga su derecho de coadyuvancia en el proceso sin importar la nacionalidad, ni el país de residencia de las familias y sus representantes.

Hizo notar la necesidad de que se tipifique correctamente el delito de desaparición forzada y la incorporación del ilícito de desaparición por particulares.

Para Juan Carlos Trujillo es indispensable crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, el cual debe ser una entidad con autonomía y facultades que le permitan impulsar las acciones necesarias en la desaparición de personas, sin importar la nacionalidad o ciudadanía.

El mecanismo de búsqueda tendría un órgano integrado por representantes de familiares, organizaciones de la sociedad civil, gobierno federal, estatal y municipal, a fin de crear mecanismos de coordinación interestatal e interinstitucional, incluso con autoridades de otros países.

En su turno Marta Camacho indicó que la ley debe crear una serie de programas sociales y adaptarlos a las condiciones particulares de vulnerabilidad en que se encuentran las familias de las personas desaparecidas, incluyendo a los migrantes.

Aseguró que la reparación integral del daño debe ser parte fundamental del proceso de justicia y proporcional a la gravedad del daño que hayan sufrido; sus medidas reparatorias deben ser prontas, adecuadas y efectivas, “deben realizarse de acuerdo a los estándares internacionales”.

Teresa Jiménez argumentó que debe reconocerse el legítimo derecho de las familias a ser parte de todo el proceso que posibilite encontrar a los desaparecidos. “Por ello exigimos un diálogo horizontal con los colectivos de familiares para la elaboración e implementación de la ley”.