Por Vicente Flores

Hace cuatro años se localizaron restos humanos en fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, sin embargo no se han llevado a cabo los estudios periciales para conocer sus  identidades, debido a que el gobierno local  ha impedido que el  Equipo Argentino de Antropología Forense (EEAF) lleve a cabo sus investigaciones.

Por ello familiares de personas desaparecidas en esa entidad se manifestaron en el Senado de la República y solicitaron su intervención para que el gobierno de Chihuahua permiuta las labores forenses sin ninguna restricción.

Mercedes Doretti. coordinadora del trabajo de los forenses argentinos en México, denunció que el convenio entre las autoridades de Chihuahua y el equipo no se ha dado, debido a que se les ha impedido  elegir libremente  los restos que serán analizados y se les pide ceder todos los derechos de los resultados a las autoridades locales sin pronunciarse al respecto.

Asimismo, denunciaron que también se les ha impedido el acceso  a los expedientes y dictámenes previos que se han realizado en los restos que se  han  localizado.

De acuerdo al informe de desapariciones, generado por AI, entre 2009 y 2014 han desaparecido 38 personas en Chihuahua, sin embargo, estos no se han investigado por las autoridades locales o federales.

En tanto, en una carta firmada por los familiares de los desaparecidos, señalaron que bajo la Ley General de víctimas, ellos tienen el derecho de nombrar a peritos independientes y buscan que sea el Equipo Argentino por su experiencia y prestigio internacional.

Los casos

En octubre de 2011 se localizó una fosa clandestina en el rancho Dolores, Cuauhtémoc, en donde fueron encontrados diversos cadáveres calcinados. En noviembre de ese año se hallaron más restos en El Montero, municipio de Cusihuiriachi, y en febrero de 2012 se detectó una fosa más en el poblado El Porvenir, del municipio de Carichí.

Desde que apareció la primera fosa, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) solicitó la identificación de los cuerpos. Las autoridades les indicaron que estaban quemados y no había tecnología en la entidad para determinar quiénes eran.

Sin embargo, el gobernador César Duarte Jáquez, niega que las desapariciones forzadas en el estado hayan aumentado y además. ha impedido el ingreso de los expertos a pesar de su participación en las indagatorias en los feminicidios del campo algodonero en Ciudad Juárez.