Por: Redacción/

La diputada Mónica Almeida López (PRD) aseguró que mientras la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no cuente con el presupuesto suficiente para atender, reparar e inspeccionar las presas del país, la vida de millones de mexicanos estará en riesgo, ante una falla estructural o mal estado, deficiente funcionamiento por falta de conservación o deterioro por antigüedad, etcétera.

“Se debe actuar rápido, ya que se encuentra en peligro la vida de millones de familias que viven cerca de presas. No podemos seguir omitiendo temas de los que la administración pública federal debe hacerse cargo; es elemental que la Conagua cuente con el presupuesto para cumplir con sus responsabilidades”, dijo en un comunicado.

Indicó que de acuerdo con la dependencia, se desconoce el estado de la infraestructura y el riesgo que representan mil presas para la población, por falta de personal y presupuesto para su evaluación, con lo que el gobierno incumple la recomendación de la Comisión Internacional de Grandes Presas de realizar una inspección a la red de 6 mil 256 presas registradas en el Sistema Informático de Seguridad de Presas, al menos cada cinco años.

“México tiene el compromiso de realizar al menos mil 200 inspecciones al año, pero se hacen por administración sólo 200, lo cual impacta zonas muy vulnerables. Es decir, los accidentes derivados de fenómenos crecen sobre el gobierno ante la falta de acciones para evitar más accidentes”, comentó.

La legisladora propuso crear un programa para el monitoreo de las presas, en el cual, a través de la comprensión de una gestión integral del agua, se construya la mejor ruta para atender, revisar y cumplir los requisitos y así salvaguardar la vida de las familias mexicanas y evitar incidentes relacionados con las mismas.

“El gobierno genera políticas públicas muy alejadas de las necesidades reales que tiene la población. En 2014 sólo se tenían para abastecimiento público el 14.2% del total de extracción que se genera en el país, lo que representa el poco interés en la materia de todas las administraciones federales que han pasado por México”, remató.

Propone Frida Esparza salario mínimo vital de subsistencia en Zacatecas, ante pandemia

Por otra parte, la diputada federal Frida Esparza Márquez (PRD) informó que envió al Congreso de Zacatecas un paquete de cuatro iniciativas de reformas que, en lo esencial, plantean establecer en el estado el Salario Mínimo Vital de Subsistencia, para revertir las graves secuelas que en materia de desempleo y pobreza ha provocado la pandemia del Covid-19.

“Al igual que en la mayoría de las entidades federativas, en Zacatecas nos encontramos ante un panorama donde impera la desigualdad sustantiva y la falta de un mínimo vital para sus ciudadanos”, indicó la legisladora en un comunicado.

Expuso que de acuerdo con la Secretaría de Economía de la entidad (Sezac), en lo que va del 2020 se han perdido 6 mil 972 empleos formales, lo que podría atribuirse, en gran medida, a la suspensión de diversas actividades productivas por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con el Coneval, Zacatecas tiene 49% de personas en situación de pobreza, 45.5 en pobreza moderada y 3.5 en pobreza extrema.

Mientras que en el caso de pobreza extrema se registran un total de 76 mil ciudadanos en esa condición. Con base en cifras del mismo Coneval, la entidad tiene 22 municipios considerados como los más pobres, encabezando la lista Jiménez del Teul, además de General Pánfilo Natera, El Salvador, Mazapil, Melchor Ocampo, entre otros.

Esparza Márquez planteó reformar el artículo 26 de la Constitución de Zacatecas para incluir ese apoyo mínimo de subsistencia ante situaciones de emergencia como la que se vive en México y en el estado.

Asimismo, propuso reformas el artículo 21 de la misma Constitución de Zacatecas para al margen de esta situación de emergencia, establecer el derecho al Mínimo Vital “para que toda persona pueda satisfacer sus requerimientos indispensables existenciales”.

También presentó en el Congreso Estatal una reforma a la fracción V del artículo 182 Bis del Código Penal para el Estado de Zacatecas, para sancionar penalmente a quien imparta, promueva, ofrezca, someta u obligue a otro a recibir terapia o cualquier tipo de prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psíquicas, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar o modificar la orientación sexual y la expresión o identidad de género de una persona.

La última iniciativa es para reformar la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Zacatecas. En la misma se consideran actos de crueldad y maltrato “aquellos que se realizan por omisión inexcusable o de manera deliberada e intencional en perjuicio de cualquier animal, perpetrados por sus propietarios, poseedores, tenedores, encargados o terceros que entren en relación con ellos.