Por: Redacción

A dos años de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, en los que militares abatieron a 22 presuntos delincuentes, de los cuales al menos 12 habrían sido ejecutados extrajudicialmente, diversas organización de derechos humanos denunciaron que la “falta de efectividad” de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial de la Federación (PJF) llevaron “a la consolidación de la impunidad”, pues ninguno de los responsables se encuentra procesado.

Además, frente a la renuente rendición de cuentas por parte del Ejército mexicano, no se están realizando las diligencias necesarias para fincar responsabilidades en todos los niveles.

Las 16 organizaciones firmantes denunciaron los intentos de revictimización contra Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la también víctima menor de edad Erika Gómez. “Sin la valentía de Clara, quien rindió testimonio de los hechos, la verdad no habría salido a la luz”, destacaron.

La PGR, recordaron, anunció que no habría impunidad y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó –en su recomendación 51/2014– la ejecución arbitraria de por lo menos de 12 a 15 personas.

Sin embargo, debido a que la Procuraduría federal no aportó los elementos suficientes para probar los hechos o las responsabilidad de los soldados, en mayo pasado el Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, decretó la libertad de los últimos tres de los siete elementos del Ejército que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento.

Antes, en marzo un tribunal unitario confirmó el auto de libertad en favor de cuatro militares vinculados al caso. La PGR no ofreció evidencias de que los acusados hubieran incurrido en el delito de ejercicio indebido del servicio público.

“Esto es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría federal. Una prueba de ello es que a un año de haberse revelado la existencia de la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos ‘abatir delincuentes en horas de la oscuridad’, ésta sigue sin ser investigada”.

En un pronunciamiento firmado por las organizaciones, al cumplirse dos años de los hechos violentos ocurridos el 30 de junio en una bodega en Tlatlaya, pidieron a la PGR que, ahora que el Tribunal devolvió la investigación a la dependencia, las averiguaciones “se conduzcan con eficiencia y de acuerdo a los más altos estándares en la materia, para que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos, respondan ante la justicia”.

Cabe recordar que el 30 de marzo pasado, el juez sexto militar absolvió a seis soldados acusados por el delito de infracciones de deberes militares que participaron ‘‘en la masacre de Tlatlaya’’.

Un séptimo elemento fue condenado solamente a un año de prisión por el ilícito de desobediencia, pena que el militar ya compurgó.

La falta de efectividad de las instancias encargadas de la procuración de justicia ocasionó la absolución de los delitos que se le imputaban, por lo que los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López, Leobardo Hernández Leónides, Alan Fuentes, Julio César Guerrero, Samuel Torres y Ezequiel Rodríguez fueron liberados.

Por ello, el caso Tlatlaya continúa abierto, hasta en tanto no se esclarezcan los hechos y no sean sancionados los responsables, consideraron las organizaciones  Centro Prodh, Artículo 19, Centro Tlachinollan, Freedom House, Serapaz, Cencos, Fundar, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, entre otros