• Legisladores hacen votos para que el pueblo nicaragüense recupere los espacios políticos para la reconciliación y la paz interna

Por: Redacción/

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifestó su profunda preocupación por los recientes hechos “en los que las libertades políticas, civiles y de libre expresión están siendo agredidas en Nicaragua”.

El pronunciamiento, al que le dio lectura el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, fue propuesto por la Segunda Comisión, que preside la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas.

De esta manera, las y los integrantes de la Permanente hicieron votos para que el pueblo nicaragüense recupere los espacios políticos para la reconciliación, la paz interna y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

Además, pidieron que se generen las condiciones para que la elección general del próximo 7 de noviembre, se celebre de forma libre, legal, incluyente, transparente y pacífica.

“Valoramos la decisión de convocar a consultas al embajador de México en Nicaragua, para conocer el estado de las acciones políticas-legales realizadas por el gobierno de ese país, que han puesto en riesgo la integridad y libertad de representantes de la oposición, activistas y personalidades de la sociedad civil nicaragüenses”, expresó Eduardo Ramírez.

El documento también fue firmado por el diputado Marco Antonio Medina Pérez y las senadoras Xóchitl Gálvez Ruíz y Beatriz Paredes Rangel, secretario y secretarias de la Segunda Comisión de la Permanente.

Ahí, se menciona que la Revolución Sandinista significó un proceso histórico muy amplió, que incluyó a diversos sectores del pueblo nicaragüense y que derivó en 1979, en el fin del gobierno autocrático que por varias décadas encabezó la familia Somoza en ese país hermano.

La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que se instauró tras el triunfo de la Revolución, encabezó -desde julio de 1979 y hasta enero de 1985- un gobierno de transición que fue clave para la reconciliación del país y la organización de las elecciones generales de noviembre de 1984, con lo que la vida democrática de Nicaragua quedó finalmente restaurada.

La Comunidad Internacional, destacaron los legisladores, acompañó este episodio con la esperanza de que en Nicaragua floreciera una nueva época, en el marco de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la justicia social.

“Por ello, resulta desconcertante e inadmisible que el actual gobierno de Nicaragua caiga en conductas y actuaciones que distan mucho de parámetros democráticos y de los ideales que motivaron a la Revolución Sandinista”.

“El hostigamiento, detención y persecución de activistas, así como de personalidades de la sociedad civil y de potenciales candidatos a la presidencia que buscan competir en la jornada electoral a realizarse el 7 de noviembre próximo, son señales que se alejan del espíritu de la democracia y la justicia en su más amplia expresión”, se advierte en el pronunciamiento.