Por: Redacción

Los integrantes del Pleno de la Comisión Permanente celebraron y expusieron los retos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Al iniciar el posicionamiento de los Grupos Parlamentarios, la senadora Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, subrayó que la legislación pone a México dentro de los estándares internacionales en materia de prevención, investigación y sanción de la tortura. Tenemos una legislación a la medida de lo que la sociedad exige y que las autoridades, particulares y estados, deben responder, agregó.

Con esta Ley, dijo, se aumenta la penalidad y tiene una relación y coordinación con los estados, tiene que ver con la participación de los particulares; y además, toca al Código Penal Federal, a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Pública, y a la Ley de Extradición Internacional.

Por el Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez, resaltó la creación de fiscalías especiales, de un registro nacional de personas que han sufrido este delito, así como la capacitación y profesionalización de los servidores públicos que estarán inmersos en el proceso de atención a las víctimas.

Subrayó la importancia de continuar con la consolidación de instituciones de seguridad y procuración de justicia, regidas por el pleno respeto a los derechos humanos; y para “desterrar estas prácticas, México debe consolidarse como un Estado democrático y de derecho”.

El diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD, subrayó la importancia de la Ley, porque permitirá contar con un marco normativo que proteja a aquellas personas que han sufrido el delito de tortura, porque le confiere un carácter imprescriptible y establece la reparación del daño a la víctima.

Dijo que los retos en la aplicación son muy grandes, porque la impunidad “es gigantesca”, de alrededor de 99.66 por ciento; por lo que hizo un llamado a “mantenernos en alerta para que se aplique de forma correcta y que no se tolere esta práctica inhumana”.

A nombre del PT, el senador Miguel Barbosa Huerta destacó que la legislación establece igualmente las bases para crear “una nueva cultura de respeto a la ley por parte de la autoridad, pues se trata de un asunto del ejercicio del poder, pero dominado por la condición humana de quienes tienen atribuciones de coacción y realizan investigaciones”.

Celebró que en el Senado de la República y la Cámara de Diputados se hayan alcanzado los acuerdos necesarios para aprobar la Ley, que entrará en armonía con la modificación al Sistema Penal del país.

En representación del PVEM, la diputada Lía Limón García destacó que a partir de esta ley, los retos son lograr la corresponsabilidad de los distintos órdenes de gobierno, y donde los estados, en especial, tienen la responsabilidad de crear unidades o fiscalías especializadas.

Será fundamental, agregó, la capacitación de policías y peritos, así como de jueces y magistrados, para que realicen la adopción adecuada del Protocolo de Estambul en los procesos de investigación y dictámenes periciales.

Vidal Llerenas Morales, diputado del Grupo Parlamentario de Morena, mencionó que el incremento de la tortura en México tiene que ver con la violencia relacionada con la “Guerra contra las Drogas” y la presencia militar en todo el país.

El legislador también consideró que difícilmente se va a reducir esta práctica, si el arraigo “sigue siendo la regla” cuando una persona “no tiene un procedimiento claro en su contra por parte de un juez”.

Por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo expresó que en un país con “una bajísima cultura de la legalidad y un pobre Estado de Derecho”, no es posible combatir problemas como la tortura con la simple expedición de leyes, sino que es preciso exigir que se tomen en serio se cumplan a cabalidad.

Señaló que “hay formas de tortura” que no están incorporadas en el nuevo ordenamiento: ¿Qué no es tortura la que comete el mal servidor público que somete los programas de ayuda social a condicionamientos políticos? ¿Qué no es tortura la que provoca el funcionario que espía a los ciudadanos y con ello les infunde temor e inseguridad en su bienestar personal?, cuestionó.

La diputada Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza, refirió que su Grupo Parlamentario está comprometido con impulsar, propiciar y defender los derechos humanos de los ciudadanos; y celebró la publicación de la Ley.

Abundó en que el reto consiste en que la Ley no quede en letra muerta, sino que cumpla con las expectativas de su creación, y aplique los instrumentos con los que cuenta, y logre desaparecer la tortura de las prácticas cotidianas.

José Alfredo Ferreiro Velazco, diputado del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, comentó que la publicación es la culminación de un esfuerzo legislativo de gran calado, por parte del Estado mexicano, vía el Legislativo, para poner a México al día en cuanto a los instrumentos normativos de protección a las personas.

Dijo que el orden jurídico nacional en la materia debe pasar de ser un derecho vigente a un derecho viviente, “un México que proteja por igual los derechos de todas las personas y sus familias es posible, hagámoslo nosotros”, subrayó.

Para rectificación de hechos, el diputado Jesús Zambrano Grijalva, del PRD, recalcó que el reto principal es su aplicación; “que no le tiemble la mano a quienes tengan que aplicarla, para dejar caer todo el peso de la Ley contra quienes la violan”. Los agentes del Estado deberán ser ejemplo de sobriedad, equidad, pulcritud y honradez en sus investigaciones, porque solo así las instituciones del Estado mexicano podrán recuperar la confianza ciudadana.

Mariana Gómez del Campo, senadora del Grupo Parlamentario del PAN, detalló que, de acuerdo a Amnistía Internacional, en 141 países se reportan muchos casos de maltrato, y resalta a Corea del Norte, Siria y a México.

Finalmente, el diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI, celebró la publicación de la Ley, y dijo que la tortura no tiene cabida en ningún régimen democrático; y señaló que se encuentra en el ranking de las tres mejores a escala mundial.