Por: Redacción/

La coordinación entre sociedad civil y gobierno es fundamental para garantizar no sólo el derecho humano a la vivienda en la Ciudad de México, sino también para eliminar la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los capitalinos, coincidieron la diputada Leticia Estrada Hernández, organizaciones civiles, funcionarios federales y locales.

Durante la mesa de trabajo “Ordenamiento Territorial y Suelo para Vivienda Social”, la legisladora integrante del grupo parlamentario de Morena destacó que la participación de los ciudadanos contribuirá a la elaboración del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, que tiene por objeto mejorar la vida de sus habitantes, el equilibrio territorial y la transformación económica.

Y recordó el compromiso de las y los diputados capitalinos para trabajar en la construcción del Programa General de Ordenamiento Territorial, de modo que “entre todos se regule la transformación y se fortalezca el desarrollo sustentable” de la capital del país.

Sobre el punto de la transformación de la ciudad, hablaron representantes de organizaciones vecinales que han estado trabajando para evitar la expulsión de los vecinos que habitan zonas de la capital sometidas desde hace varios años a una intensificación de la especulación inmobiliaria.

Sergio González, integrante de la Plataforma Vecinal 06600, recordó que después del terremoto de 1985 se expropió suelo suficiente para construir 35 mil viviendas accesibles para la población. “¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo podemos las clases medias que no tenemos créditos de vivienda social, que no somos sujetos de crédito hipotecario, pero que contribuimos a conformar una mejor ciudad, incluso proponiendo leyes, acceder a vivienda en renta o en compra de forma accesible?”.

Expuso además la urgencia de que las y los diputados se sumen a la ciudadanía para crear una política pública de vivienda. “Se requiere que construyamos una política de construcción virtuosa de suelo urbano, no sólo para vivienda, sino para equipamiento e infraestructura urbana, necesaria para fortalecer la cohesión, el tejido social y las redes solidarias”.

Destacó que es preciso detener la ganancia especulativa de las inmobiliarias y reparar en un factor a menudo ignorado: “Los ciudadanos somos inversionistas de la ciudad. Cada peso que pagamos en impuestos deviene en banquetas, en luminarias, en plazas y parques, en equipamiento. Eso se nos debería devolver en políticas de suelo, de construcción de vivienda social, para que los ciudadanos podamos gozar de ese equipamiento donde ese dinero se invierte”.

Asimismo, el representante de la Plataforma Vecinal 06600 solicitó que en el desarrollo urbano se tome en cuenta a la ciudadanía. “Parece que solo se hace y se piensa entre quienes gestionan la ciudad como servidores públicos y los inversionistas. Hay un tercer socio y ese es el lugar que queremos ocupar en igualdad de condiciones para decidir e incidir sobre el suelo y el destino de la CDMX”, planteó.

Carlos Acuña, vecino de la colonia Centro Histórico, afirmó que los capitalinos, como en otras ciudades del mundo, están expuestos a presiones de inmobiliarias que concluyen en la expulsión de sus viviendas y en el exilio de sus barrios de origen.

Los procesos de gentrificación, planteó Acuña, no sólo consisten en la renovación y la reactivación de barrios y colonias producto de la llegada de nuevos negocios y un nuevo perfil de clase social que llega a ellos. “La gentrificación invisibiliza la lucha de las clases populares y obreras y borra la memoria histórica de las luchas urbanas que en buena medida construyeron la ciudad”.

Acuña, vecino del Centro Histórico, que está en riesgo de ser expulsado del histórico edificio Trevi, ubicada a un costado de la Alameda Central, predio en el que el Banco Mifel y la empresa Público Coworking pretenden hacer un hotel de lujo, ha documentado cifras que dan una idea además de la violencia utilizada en los desalojos irregulares.

“Tengo un contrato vigente. Tengo mis rentas pagadas”. Pese a ello, y con maniobras legales avaladas por juzgados de la ciudad, pretenden desalojarlo. “Nos están arrebatando la ciudad. La gente lo sabe, lo intuye”.

Por eso, urgió al Congreso de la Ciudad de México a “regular el mercado inmobiliario, a regular los alquileres que crecen descontroladamente. Necesitamos impulsar vivienda asequible. Necesitamos crear nuevos modelos de ciudad donde la participación sea un eje, no un obstáculo para la política pública”.

En su participación, la subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda del Gobierno de México, Anabel Monterrubio, destacó que la dependencia busca que las políticas públicas de vivienda y desarrollo urbano tengan como base un enfoque de derechos humanos, lo que significa otorgar vivienda social accesible, asequible, segura, con servicios, bien ubicada, con dimensiones adecuadas, entre otros elementos.

Y remarcó que el gobierno federal ha establecido lineamientos para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Por su parte, Pablo Benlliure Bilbao, director general de Planeación del Desarrollo y el Ordenamiento Territorial de la SEDUVI, afirmó que uno de los problemas de vivienda en la Ciudad de México es que el suelo urbano está prácticamente ocupado y que el suelo de conservación no debe ser no debe obstruido ni en un metro cuadrado, porque eso significa infiltrar menos agua al acuífero de la ciudad.

Agregó que anualmente en la CDMX se crean 38 mil hogares nuevos, de los cuales 20 mil no tienen posibilidades de vivir aquí y tienen que buscar vivienda en Ecatepec, Huehuetoca, Zumpango o Tizayuca.

Por ello, dijo, es necesario cambiar el termino de ordenamiento territorial y empezar a analizar un término más dinámico que permita que no sólo ordenar, sino trasformar la vida en la CDMX.