Por: Redacción

Representantes de la Secretaría de Economía (SE) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) detallaron ante diputados la iniciativa de reforma del Ejecutivo federal al Código de Comercio, para simplificar los juicios orales mercantiles y sus trámites, y para disminuir el tiempo de resolución de las controversias.

Con la modificación de 29 artículos a dicho ordenamiento, y la adición de uno más y otros siete párrafos, plantea, entre otras cosas, ampliar la oralidad en todo el país y que los juicios mercantiles no estén sujetos a un límite de cuantía para proceder; celebrar audiencias dentro de los 40 días siguientes de que se fijen, y establecer plazos para la caducidad de los procedimientos.

En reunión con integrantes de la Comisión de Economía, aseguraron que con esta enmienda se beneficiaría principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) –que generan buena parte del PIB nacional- y se atraerían importantes inversiones nacionales e internacionales, al mejorar el marco normativo para el cumplimiento de los contratos.

El diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), presidente de la Comisión de Economía, reconoció que la propuesta de reforma al Código de Comercio ayudará a reducir tiempos en los juicios y costos para las partes involucradas, factor importante, principalmente, para las Mipymes.

Destacó el compromiso de la comisión que preside por analizar el documento para turnarlo al Pleno cameral lo más pronto posible.

Enfatizó que la iniciativa significará mayor productividad y eficiencia, menos trámites burocráticos y legales, una justicia más rápida y expedita y, sobre todo, elevará la productividad y la competitividad para generar más empleos, “objetivo que busca la comisión”.

Consideró importante este encuentro con las instancias, ya que su propuesta beneficiará para la productividad y apertura de empresas; asimismo, “no distraerá de sus ocupaciones fundamentales a pequeños y medianos empresarios con temas de carácter jurídico, al lograr reducir tiempos y costos de los juicios y buscar conciliaciones previas”.

El titular de la Cofemer, Mario Emilio Gutiérrez Caballero, consideró necesario acelerar la implementación de los juicios orales mercantiles en las 32 entidades y acompañar a los tribunales de cada estado en esta tarea.

Sostuvo que con la iniciativa, se busca simplificar los procedimientos en la resolución de controversias mercantiles; ampliar la aplicación de la oralidad; implementar un sistema judicial capaz de reducir los costos de transacción; implementar la oralidad, sin limitación de la cuantía, y acelerar su tramitación y resolución.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 28 de abril pasado, establece lineamientos para la práctica del emplazamiento en conflictos mercantiles, sin necesidad de recurrir a la supletoriedad; plantea que la caducidad de la instancia en cuestión se lleve a través de plazos establecidos, y estipula que la audiencia se celebre en los primeros 40 días siguientes a que se dicte.

Para beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, se reduciría paulatinamente la cuantía para un proceso judicial mercantil. Al año siguiente de su publicación, se tramitarán todos los juicios orales mercantiles cuyo monto sea menor a un millón de pesos; el segundo año, los que tengan un monto menor de un millón y medio, y al tercero no habrá limitación de cuantía.

Afirmó que al implementar la oralidad mercantil, las micro empresas sujetas a juicio mercantil tuvieron un ahorro de 244 mil 535 pesos, cada una; “este beneficio anual se ampliaría para los pequeños y medianos comercios, al permitirles ahorros del 7.15 por ciento de su ingreso al resolverse mediante la vía oral”.

Respecto a los juicios orales mercantiles, señaló que su implementación en la Ciudad de México permitió eliminar 17 pasos o actividades del proceso, pasando de 38 a 21; y se han resuelto controversias mercantiles en un tiempo 49 por ciento menor que en los países latinoamericanos.

Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la SE, destacó que, según el estudio Doing Business del Banco Mundial, México ofrece buenas condiciones para hacer negocios.

Precisó que el ambiente empresarial es mejor sólo por poca diferencia en comparación con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de América Latina y el Caribe.

De ahí que en el Índice de Calidad de Procesos (que mide las buenas prácticas en los juicios mercantiles) la Ciudad de México tenga una calificación de 10 puntos (de 18), apenas por encima de la media de las naciones latinoamericanas, que es de 8.4, y por debajo de las de la OCDE, 11 puntos.

Si bien en esta misma demarcación se puede recuperar el 31 por ciento de la cantidad demandada en un juicio, ésta es levemente superior a la que se obtiene en América Latina y el Caribe, que es de 30.8 por ciento.

Insistió en la urgencia de impulsar la reforma para mejorar el ambiente empresarial y atraer inversiones de nacionales y extranjeros, ya que el mismo Doing Business apunta que el cumplimiento de contratos y la fácil resolución de conflictos mercantiles, son factores determinantes para atraer capitales.

En su exposición, el jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía, Andrés Alejandro Pérez Frías, dijo que “la iniciativa representa un parteaguas en la impartición de justicia mercantil y en la atracción de negocios, ya que, en los juicios orales, permitirá que los ciudadanos obtengan sentencias más rápidas”.

Destacó que del 2006 al 2014, hubo una diferencia de 5 puntos entre la tasa de crecimiento poblacional y la carga de trabajo del Poder Judicial Federal, es decir, “en la medida en que vamos creciendo va aumentando cinco veces la carga de trabajo de los tribunales, lo que lleva a la necesidad de generar instrumentos que permitan desatorar al sistema judicial”.

“Necesitamos instrumentar nuevos procedimientos que sean más ágiles y rápidos y permitan que las cargas de trabajo en los tribunales sean menores, pero que al mismo tiempo se pueda atender el mayor número de casos”, subrayó.

La iniciativa obliga a no dejar los juicios suspendidos o que caduquen y reduce incidentes de 60 a 30 días hábiles. En el juicio ejecutivo mercantil se modifica la parte de los alegatos, actos procesales que implican carga de trabajo, y para evitarlo, estos serán orales al finalizar la audiencia de pruebas, implicando una reducción de tiempo para los magistrados en sus resoluciones.

“Mejorar los juicios orales mercantiles a nivel nacional es un tema primordial, de ahí que el Ejecutivo pretenda con la reforma que los ciudadanos obtengan sentencias más rápidas”, agregó.

El diputado del PRI, Fernando Uriarte Zazueta, cuestionó que si hay una reducción en la duración de los juicios, al pasar de 400 días a 270, por qué prevalece el mismo costo de los abogados por sus servicios profesionales. Un aspecto interesante es la disminución de gasto en el nuevo sistema acusatorio.

Además, preguntó los motivos de que sean más tardados los juicios en algunos países miembros de la OCDE, con una duración de 570 días, cuando en México se logra una resolución en 270 días.

En respuesta, Andrés Pérez Frías, director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE, explicó que la regla básica del honorario autorizado para el abogado se basa en una proporción del monto del juicio, independientemente de su duración; por eso, dijo, el cobro se mantiene en los mismos porcentajes.

Si hay una reducción importante en los gastos de notificaciones, diligencias, presentación de promociones y llevar al actuario, esta parte disminuye notablemente en los juicios orales, destacó.

Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de la Cofemer, refirió que la duración del juicio oral mercantil en la Ciudad de México registra una reducción de 130 días, caso paradigmático, que se ha replicado en Nuevo León, Estado de México y Guanajuato, con avances mayores. Sin embargo, comentó que la Clinic Business aún no reconoce la oralidad mercantil en México.

La subsecretaria Rocío Ruiz Chávez indicó que el reconocimiento de los juicios orales mercantiles se logrará hasta que sea un procedimiento estándar y generalizado en todas las entidades federativas y en todos los casos, proceso que opera para todos los miembros de la OCDE.

El magistrado Ángel Montiel explicó que el Banco Mundial hace una evaluación de procedimiento de los juicios en los países de la OCDE, y la diferencia de plazos en México obedece a que el modelo legislativo redujo la duración al haber una concentración en el sistema oral.

A nombre del PAN, el diputado Ricardo Del Rivero Martínez señaló que el nuevo modelo de juicios orales consolida una justicia transparente, imparcial y expedita, y apuntala nuevos sistemas, presupuesto, infraestructura y personal capacitado.

Preguntó: ¿cómo garantizar que no haya un gran colapso por la gran cantidad de juicios orales que van a atender los jueces, debido a la falta de capacitación y recursos económicos? ¿Qué avance se tiene para garantizar juicios imparciales y certeza para las partes involucradas?

En respuesta, Pérez Frías aseguró que al resolverse los juicios más rápido se tiene menos saturación de los juzgados mercantiles; las salas que antes analizaban las apelaciones reasignan a su personal a otras áreas agilizando el proceso.

El magistrado Ángel Montiel precisó que la implementación del sistema oral garantizará que haya justicia eficiente y resuelva las demandas de los ciudadanos a través de la presencia del juez y las partes involucradas en el juicio. “Todos participan en las decisiones de forma democrática, eso propicia más confianza”, apuntó.

De esta forma, se encuentran soluciones alternativas, propiciando convenios que han reducido en gran porcentaje el tiempo en que cumplan los fallos y beneficien a las partes. Confió en que los jueces y el personal de los tribunales aumenten su capacitación conforme se implemente el sistema oral.

Gutiérrez Caballero refirió la existencia de cuatro modelos de capacitación impulsados por el Banco Mundial a partir de establecerse el nuevo modelo de justicia oral mercantil, para evitar el colapso en los procesos jurídicos.