Por: Redacción/

El Gobierno de los Estados Unidos debe respetar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, señaló un grupo de expertos* de Naciones Unidas, en medio de la preocupación por las medidas que están siendo adoptadas en contra de una mujer mexicana que realiza campañas para proteger los derechos de los migrantes.

Maru Mora Villalpando, quien ha vivido en Estados Unidos desde 1996, enfrenta un proceso de deportación después de liderar una campaña de alta visibilidad contra presuntas violaciones de derechos humanos en un centro de detención de inmigrantes en Estados Unidos, operado por una compañía privada en nombre del Gobierno de dicho país.

“La notificación a la señora Villalpando para comparecer en un proceso de deportación, recibida sin previo aviso, parece estar relacionada con su trabajo de defensa de personas migrantes detenidas”, dijeron los expertos.

“Instamos al Gobierno de Estados Unidos a proteger y garantizar los derechos de la señora Villalpando como defensora de derechos humanos y su derecho a la vida familiar”.

“Las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que no se adopte ninguna medida, incluida la detención y deportación, como represalia contra la señora Villalpando por denunciar casos de detención de inmigrantes y presuntas violaciones de sus derechos humanos, especialmente a la luz de las condiciones denunciadas en estos centros de detención.”

Los expertos indicaron que les preocupaba que el caso de la señora Villalpando pareciera ser parte de un patrón.

“Entregar notificaciones sobre el procedimiento de deportación parece ser parte de un creciente patrón de intimidación y represalia contra las personas defensoras de los derechos de migrantes en los Estados Unidos”, mencionaron los expertos.

“Las personas que trabajan legítimamente para proteger los derechos de las/os migrantes no deben ser restringidas o silenciadas. Sus derechos deben ser respetados para que puedan continuar ejerciendo su vital papel”.

La señora Villalpando, cuya hija de 20 años es ciudadana estadounidense, es cofundadora de un grupo que visibiliza las preocupaciones de derechos humanos sobre el Centro de Detención del Noroeste en Tacoma, Washington.

Ella ha planteado este problema al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando la participación de empresas en las violaciones de derechos humanos y expresando preocupación por las huelgas de hambre y la deportación de migrantes.

Los expertos también enfatizaron la necesidad de que el centro cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y que el Gobierno ejerza una supervisión adecuada de las instalaciones privatizadas.

Los expertos de la ONU han estado en contacto con el Gobierno en relación con sus preocupaciones.