Por: Redacción

Senadores, diputados, representantes del gobierno federal, de Cámaras de transportistas y productores, académicos, expertos y representantes de la sociedad civil debatieron sobre una posible regulación o prohibición definitiva de los transportes de carga de doble remolque, en el Foro “Pesos y dimensiones de las configuraciones vehiculares que transitan en las vías federales de comunicación”, realizado en el Senado de la República a convocatoria de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

Durante el intercambio de ideas, el senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, señaló que existe un problema serio de normatividad en el transporte, porque es insuficiente o equivocada; y también hay problemas de supervisión, vigilancia, verificación y sanción, en donde las leyes no son las que afectan sino su incumplimiento.

Subrayó que por perfecta que sea la normatividad o la ley, no habrá avance sin una cultura de la legalidad y su cumplimiento estricto; y el tema del transporte, la solución va más allá de decidir si se prohíbe la circulación de los dobles remolques o no, “se trata de administrar y prevenir riesgos”.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes se comprometió a convocar para que en este periodo se dictaminen las tres iniciativas que se han presentado en el Senado de la República. “Vamos a tomar las decisiones que se tengan que tomar, por encima de los intereses, que son muchos”, dijo.

Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM, refirió que los legisladores necesitan más elementos para dictaminar las propuestas que se han presentado en el Senado, porque existe un problema serio con la autoridad que no puede hacer cumplir las normas y una deficiencia en el marco de sanciones.

Abundó en que no cree que la solución sea reforzar o modificar los criterios de la norma, pero para resarcir el problema a corto plazo se podrían prohibir los dobles remolques, porque “quienes han hablado a favor de que no se prohíban no han dado los elementos suficientes”.

El senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que quienes participaron en este foro no aportaron datos que lleven a una diferenciación entre las posturas; “el secretario de Comunicaciones y Transportes, antes de este foro, se pronunció en contra de las iniciativas que aspiran a que se prohíban el transporte de dobles remolques”.

Explicó que cuenta con estudio que demuestran que no es cierto que el abaratamiento de la carga de los dobles remolques se refleje en el precio de los productos; y subrayó: “para mí, la prohibición de los dobles remolques no puede ser de un día para otro, tiene que tener un periodo de transición, de dos años”.

Manuel Cavazos Lerma, del Grupo Parlamentario del PRI, expuso que la mejor forma de legislar en torno al tema del transporte de carga, es trabajar con cero errores. Señaló que un problema que se debería retomar es el de la infraestructura, porque en el país sólo existen carreteras estrechas y con curvas de poca velocidad.

Cuestionó cuánto costaría a la economía del país prohibir el uso de los dobles remolques, y cuánto incrementarían los precios; datos que no están claros y se necesitan saber para trabajar en el tema, por lo que se congratuló por la realización de este foro que coadyuvará a encontrar respuestas.

Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que se deben analizar las diferentes posturas que se delinearon durante el foro, con la finalidad de atender el problema de fondo, lo que redundará en adecuaciones al marco legal.

La senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del PRI, comentó que existen posturas divergentes, pero tiene que hacer un análisis objetivo, tutelar y salvaguardar el derecho humano a la vida de los usuarios de la red federal de carreteras.

Así como tomar en cuenta para la dictaminación del tema: la inversión, tránsito, logística y abasto en las carreteras; requerimientos y disponibilidad de flotas y conductores, e impacto al medio ambiente.

La senadora Martha Palafox, del Grupo Parlamentario del PT, refirió que cuando hay accidentes que involucran al transporte de carga se culpa a los conductores, pero no se toma en cuenta que son mal pagados y tienen que drogarse para soportar las jornadas laborales.

Yuriria Mascott, subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), señaló que la normatividad de pesos y dimensiones, para cualquiera de las configuraciones del autotransporte, debe ser más estricta.

Subrayó que en un plazo de tres semanas, la SCT entregará los resultados del análisis de las posiciones presentadas durante el foro, con los siguientes apartados: acciones que pueden ser implementadas de manera inmediata; sugerencias al Comité Consultivo Nacional de Normalización del Transporte Terrestre para que sean tomadas en cuenta en la revisión de la Norma Oficial 012 de pesos y dimensiones; y medidas, cuya pertinencia corresponde valorar al Poder Legislativo federal y, en su caso, incorporar en el marco jurídico.

El presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, Alfredo Rodríguez Dávila, señaló que parte fundamental de la siniestralidad es ocasionada por el exceso de peso y velocidad, así como el incumplimiento de la norma.

Detalló que en la Cámara de Diputados se han propuesto seis iniciativas al respecto y la Comisión que encabeza ha tomado la determinación de que se dictaminarán en este periodo de sesiones; “no dejaremos pasar el tiempo”, dijo.

Adrián del Mazo Maza, director general de Autotransporte Federal de la SCT, dijo que para transitar seguros por las carreteras federales se requiere que los transportes de carga tengan conductores seguros y capacitados, unidades que cumplan con las condiciones físico mecánicas que marcan la norma 068, sin carga excesiva, que circulen por las carreteras que autoriza la norma 012 y cultura vial de todos los usuarios de carreteras.

En su turno, Raúl Antonio Castillejos Solís, comisionado general de la Policía Federal, detalló que de mayo del 2015 a septiembre de 2016, los grupos de atención al transporte han impuesto 59 mil 671 folios de infracción al autotransporte; y en el mismo periodo se han retirado de la circulación 11 mil 175 vehículos; las multas fueron por exceso de peso autorizado de más de tres mil kilos por cada tonelada (6 mil 102), por operar con exceso de peso autorizado en la Norma 2001 (3 mil 411).

Alejandra Palacios Prieto, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, dijo que una prohibición de los dobles remolques deberá estar justificada con base en un análisis objetivo del costo beneficio, que considere y pondere posibles impactos positivos y negativos.

Eugenio Carrión Rodríguez, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, dijo que se deben ponderar cuáles son los costos y beneficios sociales de limitar la circulación de vehículos doblemente articulados o de prohibirlos. Señaló que de ser el caso, la prohibición, obligaría al uso de transportes alternativos en los que se registra una tasa mayor de accidentes.

El representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Miguel Ángel García Paredes, explicó que 78 por ciento de los accidentes es atribuible al factor humano, causa que está presente en el 93 por ciento de los accidentes, y no tiene que ver con una configuración vehicular, por lo que la prohibición de los dobles remolques no ayudaría a evitarlos.

Elías Dip Ramé, de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, subrayó que la SCT es la primera en violar la Ley porque da autorizaciones para que los dobles remolques circulen por cualquier tipo de carretera, lo que provoca accidentes fatales.

Por su parte, Rogelio Montemayor Morineau, de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, comentó que la llamada configuración doblemente articulada moviliza 35 por ciento de la carga que se transporta por carretera, y agrega 31 por ciento del valor total de este servicio; por lo que su prohibición, además de ser insuficiente, puede provocar efectos adversos a los que se pretende combatir.

Al iniciar la participación de los representantes académicos, expertos y representantes de la sociedad civil hablaron en primer lugar Hilda Caballero Leal, Héctor Gandini Estrada y Alejandro Floresmeyer Villar, a petición de Change.org, familiares de cuatro jóvenes que fueron arrollados por un tráiler de doble remolque en la carretera México-Cuernavaca, el pasado 9 de julio; y donde tres de ellos fallecieron.

En su intervención, Hilda Caballero Leal exigió al Congreso de la Unión que prohíban la circulación de los transportes de doble remolque, pues es una petición avalada a través de la plataforma electrónica por más de 79 mil 500 personas, y pudo evitar el accidente en donde perdió la vida su hijo, Patricio Floresmeyer Caballero. Pidió a los participantes del foro que guardaran un minuto de silencio por los jóvenes fallecidos.

Alejandro Floresmeyer Villar señaló que en los países avanzados, con mejor infraestructura que México, han escuchado a los expertos y han prohibido la circulación de los dobles remolques, lo que es impensable en el país; además, dijo que no existe desabasto de productos por este hecho.

Héctor Gandini Estrada dijo que después del accidente donde murió su hijo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no supo decirles cuántos dobles remolques circulan en el país, y un mes después dio la cifra de 23 mil. Señaló que el Congreso de la Unión no puede hacer caso omiso al clamor ciudadano que solicita que se prohíban estos vehículos.

Francisco Javier Carrión, del Instituto Mexicano del Transporte, recomendó fortalecer e incrementar los controles en las carreteras federales para lograr el cumplimiento de la Ley y la norma, sobre todo en los límites de carga, que no debe sobrepasar las 75 toneladas. Además, no es una solución la prohibición de los dobles remolques, por el contrario, es mejor crear una entidad de certificación para las empresas que deseen operar vehículos de este tipo, mediante un organismo independiente que las audite.

Manuel J. Molano, del Instituto para la Competitividad, comentó que prohibir una modalidad de transporte no va a resolver el problema de seguridad en las carreteras; y el incremento de costos en el transporte de mercancías se traduciría en una reducción del PIB de entre 1.3 y 4.8 por ciento; e incrementos de precios de entre 4 y hasta 20 por ciento en todas las mercancías.

Finalmente, Roberto Martínez Yllescas, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, señaló que faltan evidencias suficientes y desagregadas para la toma de decisiones de una manera holística, porque México es el país, entre los que integran la OCDE, que tiene más carencias en cuanto al grado de desagregación sobre indicadores de incidencias de siniestros y de muertes relacionadas con el transporte, y con la regulación en las vialidades en perspectiva internacional comparada.