Por: Redacción/

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 31.3 por ciento de la matrícula nacional se concentra en escuelas de educación superior privadas, presentando formas de crecimiento latente en cada entidad, donde el alcance de las prácticas regulatorias depende de características particulares de las localidades.

No obstante que los estudios han advertido la desaceleración y la contracción del sector privado en la educación superior en los últimos años, en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Puebla y Yucatán, 40 por ciento o más de los estudiantes insertos en ese nivel educativo es conducido por las escuelas privadas producto de su expansión; en Campeche, Zacatecas, Tlaxcala y Sinaloa la oferta y la matrícula no dejen de crecer de manera sostenida.

Para comprender las nuevas dinámicas experimentadas en México es necesario analizar los hechos a nivel de los estados, como lo hicieron el doctor Adrián de Garay Sánchez y el maestro Eduardo Navarro Meza en el artículo El rompecabezas de la educación superior privada. Algunas piezas locales para comprender las nuevas dinámicas del sector privado en México, publicado en el número 213 de la revista El Cotidiano.

De acuerdo con los autores, la complejidad y la heterogeneidad que presenta el subsistema privado en México es de difícil comprensión, “no sólo cuando pretendemos hacer una mirada nacional, sino más aun al aproximarnos a observar su configuración específica en los territorios locales. El desarrollo de la educación superior privada en el país ha demostrado ser un objeto de estudio cambiante, de tal plasticidad que ha resultado en un rompecabezas difícil de armar”.

La investigación resalta la existencia de un fenómeno de relativa concentración de la matrícula en pocas universidades, en el que menos de 21 por ciento de éstas en cada estado concentra 50 por ciento de la matrícula de las instituciones de educación superior privada.

Estos datos muestran que dichas escuelas operan con una lógica de mercado más o menos clara: unas apuestan por los recursos económicos con los que cuentan y su historia local para tener una amplia oferta y atender a miles de estudiantes, y otras a mercados muy específicos y acotados a determinadas disciplinas y con pocos estudiantes, señalan De Garay Sánchez y Navarro Meza, académico del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco y especialista en Sociología de la Educación Superior por la UAM, en ese orden.

Otro foco de análisis reside en observar los niveles educativos ofertados por esos organismos, algunas cuentan con bachillerato, licenciatura y posgrado; su mercado en la educación superior se finca en parte en sus propias clientelas construidas en niveles educativos previos, con lo que logran cierto sector cautivo porque al ofrecer a sus estudiantes de bachillerato pase automático a la universidad, muchas veces con alguna beca educativa.

La regulación de la educación superior privada tiene varias dimensiones que van desde el crecimiento indiscriminado de establecimientos hasta la validez de los estudios y la calidad de los programas, pero cuando empíricamente se observan las acciones gubernamentales orientadas al sector privado vemos que no hay una estrategia normativa consistente.

Otra forma de observar la expansión y participación del sector privado en la educación superior es a través del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), un instrumento de acción pública orientado a atender el desarrollo del sector privado en el país. La manera en la que se otorgan los RVOE tiene diversas modalidades y puede obtenerse mediante instancias distintas.

Los autores consideran que no existe un patrón común de las estrategias que las instituciones de educación superior privadas siguen para obtener los reconocimientos de validez oficial, pero parece que en muchos casos su elección está en función de las facilidades de trámite que les representa –en términos de tiempo, costos o cercanía–.

Esto quiere decir que su interés por apegarse a la legalidad para reconocer sus programas está en función de legitimar su operación, no en consolidarse como escuelas de calidad y con miras de mejora continua.