Por: Redacción

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD) consideró que pese a los intentos del gobierno mexicano por atender la grave situación en la que se encuentran las víctimas del delito, aún existe una falta de compromiso por parte de entidades federativas para enfrentar este problema.

En un estudio elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo, el IBD agrega que hay retraso en la instrumentación de ordenamientos locales en esta materia, así como un lento avance en la consolidación de un sistema judicial penal que sea eficiente, eficaz y confiable, para que las víctimas de algún delito o de violaciones a los derechos humanos acudan por protección, investigación y justicia.

La Ley General de Víctimas fue aprobada por el Congreso de la Unión el 17 de abril de 2012, pero fue publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta el 9 de enero del 2013, y obliga a las autoridades de todos los poderes y ámbitos territoriales, a las dependencias y a los organismos de derechos humanos, a brindar protección, proporcionar ayuda y asistencia o reparación integral a víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos.

Con la finalidad de tener un Registro Nacional de Víctimas es necesario contar con enlaces e información de las dependencias, de los organismos de derechos humanos y de las entidades federativas.

En este sentido, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les solicitó la designación de sus representantes y, con información al 31 de octubre de 2014, únicamente las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional dieron respuesta.

Respecto de los estados sólo se cuentan con los nombramientos de los encargados del Distrito Federal, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Puebla. De los organismos públicos de derechos humanos sólo el estado de Morelos hizo el nombramiento.

El Registro, destaca el IBD, es la parte más importante y significativa de todo el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, pues constituye una fuente no sólo de información respecto del número de víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos, sino la oportunidad para que se brinde atención, ayuda y asistencia a las víctimas directas, indirectas, potenciales o colectivas.

Otro elemento a favor de las víctimas es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (Fondo), instrumento a través del cual se otorgan medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, compensación a las víctimas.

De acuerdo con el análisis del Instituto Belisario Domínguez, 29 entidades tienen vigentes leyes en la materia, con excepción de Aguascalientes, Baja California y Tabasco. Los estados que han expedido el reglamento correspondiente son el Distrito Federal, Guanajuato, México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala.

Sin embargo, sólo Morelos y Nuevo León cuentan con un reglamento del fondo económico a favor de las víctimas.

El estudio “Los Derechos de las Víctimas” también plantea que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha desempeñado un trabajo importante en el apoyo de quienes fueron víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (Envipe), existe una cifra negra a nivel nacional estimada en 92.8 por ciento de delitos cometidos, en los cuales no hubo denuncia ni se inició averiguación previa en el 2014, es decir sólo en 7.2 por ciento de los casos se inició la investigación ministerial.

En los casos que se realizó una denuncia, agrega la Encuesta, se estima que en el año anterior, sólo se denunció 10.7 por ciento de los delitos, de los cuales 67.5 por ciento inició de una averiguación previa ante el Ministerio Público, y a pesar de la denuncia en 53.8 por ciento de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia.

No obstante los datos anteriores, una cifra que agrava la problemática de las víctimas es que, de acuerdo con la Envipe, la mitad de las víctimas estimadas manifestó que les tomó dos horas o menos realizar una denuncia ante el Ministerio Público y 28.9 por ciento señaló que invirtieron más de cuatro horas para hacerlo.

El artículo se puede consultar en http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ml/ML90.pdf