Por: Redacción/

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado exigió al presidente electo que se abstenga de manipular a los ciudadanos y a la opinión pública mediante consultas que carecen de sustento legal, y que no cumplen con los criterios mínimos ni la metodología adecuada para garantizar la equidad y la transparencia que exige un ejercicio de esta naturaleza, cuando se hace de manera seria y democrática.

En conferencia de prensa, acompañado de las senadoras y los senadores del PAN, el coordinador Damián Zepeda Vidales señaló que la consulta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde el punto de vista jurídico, es un ejercicio inconstitucional e ilegal que no puede llamarse consulta y, mucho menos, tener efectos vinculantes, ya que es contraria a las disposiciones previstas por el artículo 35 Constitucional y la Ley Federal de Consulta Popular. “Es una vacilada”, insistió.

“La farsa de consulta es a todas luces carente de sustento legal y parcial, implica riesgos graves y podría deslegitimar la figura de la consulta popular, además de inaugurar una etapa populista para México, donde estas herramientas de participación se utilicen para simular y encubrir decisiones absurdas y autoritarias”, subrayó.

Por su parte, el senador Gustavo Madero Muñoz afirmó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, debe dejar atrás la campaña, su talante de candidato y asumir la responsabilidad que lleva el convertirse próximamente en Presidente del Estado mexicano.

Por eso, abundó, el exhorto es para que el presidente electo deje de jugar con la voluntad de los ciudadanos, simulando consultas que no lo son.

“Él tiene todo el derecho de consultar a los ingenieros, como ya lo hizo, a los empresarios, a la población, pero no que lo llame un ejercicio democrático, cuando no tiene un fundamento legal para convertirse así, cuando está sesgado, cuando no está organizado por un ente independiente, cuando no es transparente, cuando ellos formulan la pregunta, escogen las casillas, cuentan los votos y nos dicen el resultado”, sostuvo.

Es necesario que deje de jugar, de manipular, de distraer con estos ejercicios de confrontación del pueblo de México, cuando su responsabilidad es la de asumir las decisiones, apuntó.

“Todos queremos consultas populares vinculantes, sí, pero apegadas a la ley, como lo establece la Constitución, y no los jugueteos, las manipulaciones, como las está haciendo, que meten mucha incertidumbre no sólo a los inversionistas, sino al pueblo de México”, dijo.

De acuerdo con un punto de acuerdo que será presentado en la sesión de hoy, la legislación vigente prevé un esquema predeterminado en el cual el Instituto Nacional Electoral (INE) debe organizar la consulta en concurrencia con una elección federal y la pregunta debe ser aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Asimismo ―agrega―, la Constitución establece, en su artículo 35 fracción VIII numeral 2, que deben participar al menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores para que el resultado del ejercicio sea vinculatorio; no obstante, la “consulta” convocada por el presidente electo espera una participación por debajo del 1 por ciento del padrón electoral.

“El GPPAN no se pronuncia por ninguna opción, pero en caso de una decisión irresponsable, cualquiera que esta sea, el nuevo gobierno automáticamente tendrá que enfrentar serias consecuencias económicas y se podría ver obligado a reducir el gasto en inversión en otros programas, o aumentar el déficit fiscal, la deuda pública y los impuestos. No hay de otra. En la economía de un país, los errores generan consecuencias”, indicó.

El gobierno electo pregona austeridad republicana y amenaza con recortes de presupuesto y posiciones de trabajo por donde pasa, pero no dice que sus malas decisiones, sus ocurrencias, pueden costar mucho más al país: 5 mil 500 millones de dólares a tenedores de bonos, 930 millones de dólares por un crédito bancario y 4 mil millones de dólares por cuota de cancelación, solo por mencionar algunas de las implicaciones, señalan.

Además, desde el punto de vista económico, el nuevo gobierno manipula cifras o de plano es incapaz de hacer cuentas. López Obrador declaró que el costo de cancelar el proyecto en Texcoco sería de 100 mil millones de pesos. Sin embargo, estudios como el de BBVA Bancomer apuntan que el costo real de esa decisión sería de cerca de 200 mil millones pesos, es decir el doble de las cuentas que hizo Andrés Manuel.

“Desde el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado ya hemos dado alternativas, como incorporar ciertos instrumentos de democracia participativa como el plebiscito y el referéndum en el ordenamiento jurídico mexicano”, se indica.

Tal y como está diseñada la consulta sobre el proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se trata simple y sencillamente de una farsa, un engaño y un intento de manipulación a las y los mexicanos, acusaron.