Por: Redacción

El Senador por Baja California, Victor Hermosillo y Celada, presentó este martes un Punto de Acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a implementar en materia de repatriaciones lo estipulado en la Ley General de Población.

Actualmente en Estados Unidos viven 34.6 millones de personas de origen mexicano, de los cuales 6 millones son indocumentados en constante riesgo de deportación a pesar de su aportación a la producción y economía norteamericana.

El Punto de Acuerdo exhorta se acate el artículo 84 de la Ley General de Población que desde 2014 incluye un catálogo de derechos a favor de repatriados, por lo que la atención a connacionales constituye una obligación de las autoridades.

“La gran aportación que hacen los repatriados a la economía del país por medio del envío de remesas nos obliga a comprometernos con su bienestar en el momento en que son sujetos a una expulsión, por ello la importancia de brindar una mínima atención apegada a estándares de protección que pueden determinar el resto de su vida”, refirió el legislador.

De acuerdo con el artículo 84 de la Ley General de Población, la Secretaría de Gobernación tiene la obligación de vigilar que a los repatriados se les respeten los siguientes derechos:

  • Recibir agua, alimentos y enseres básicos para su aseo personal
  • Acceder a comunicación telefónica
  • Recibir atención legal, psicológica y médica
  • Ser informado respecto de los diversos programas y apoyos que puede recibir
  • Ser apoyado en el traslado a su lugar de residencia en México
  • No ser discriminado por las autoridades
  • Y recibir un trato digno y humano

Subrayó que “aunque se han realizados esfuerzos por atender las repatriaciones, la realidad es que no se ha cumplido a cabalidad con lo que ya instruye la Ley; las condiciones en que regresan los deportados son extremas: con falta de recursos, hambre y en ocasiones con necesidad de atención médica menor o incluso mayor”.

“Es fundamental que el interés por atender a los mexicanos que ya son deportados a nuestro país no solo se refleje en declaraciones, sino que impacte en un presupuesto efectivo que implemente lo que ya establece la Ley General de Población”, puntualizó.