Por: Redacción

Los diputados Maricela Contreras Julián y Xavier Nava Palacios, del GPPRD, inscribieron ante la Comisión Permanente, un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)- para que informe sobre los montos y a qué proyectos específicos de infraestructura, destinó los recursos provenientes de la recaudación de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería durante el ejercicio fiscal 2016, relativos a las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Derechos.

El exhorto también propone que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) informe de manera pormenorizada sobre los recursos ejercidos y programados para la administración del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros –también conocido como “Fondo minero”-, contemplados en la citada ley, en particular los asignados en el ejercicio fiscal del año pasado.

Cabe señalar que desde 2014, se implementó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, como mecanismo para atenuar y compensar los perjuicios que genera la actividad minera a nivel local en nuestro país.

Los perredistas argumentaron que la SHCP no ha transparentado ni informado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados ni a otro órgano del Congreso de la Unión, la aplicación específica de al menos 20% de la recaudación del derecho especial, adicional y extraordinario sobre minería, ni a qué proyectos o programas específicos de infraestructura son destinados, lo cual hace que puedan ser fácilmente desviados.

La operación del Fondo Minero, a cargo de la Sedatu, transcurrió sin mayores contratiempos y sin incurrir en mayores costos administrativos en el 2014 y durante buena parte de 2015; sin embargo, con los cambios de titular y mandos superiores que se fueron dando a partir de agosto de 2015, comenzó a observarse un severo retraso en las ministraciones de este fondo, a tal grado que ya transcurrió el ejercicio fiscal 2016 y la mitad del 2017 y a un considerable número de municipios se les adeuda parte de los recursos correspondientes al año pasado, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos establecidos.

“No obstante la buena experiencia en términos de austeridad y eficiencia en la administración del Fondo Minero observada a lo largo del 2014 y los tres primeros trimestres del 2015, la Sedatu propuso a Hacienda disponer de un porcentaje directo del Fondo Minero para sufragar los costos administrativos derivados de su operación. Es así que el Ejecutivo Federal -en el marco de la discusión del paquete económico para el ejercicio fiscal 2017- propuso reformar el segundo párrafo del artículo 275 de la LFD de modo tal que las entidades federativas ya no recibirán el 80% de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería a través del Fondo Minero sino el 77.5%, ya que el 2.5% se destinaria a la Sedatu”, detalla la propuesta de los legisladores del Sol Azteca.

Contreras y Nava argumentaron que si bien la Sedatu requiere de recursos para administrar el Fondo Minero, estos debieron haberse generado con cargo o descuento al monto que corresponde al gobierno federal y no con cargo al porcentaje que corresponde a los estados y municipios, por lo que es de vital importancia transparentar el uso de los recursos públicos provenientes de dichos cursos.