Por: Redacción/

La senadora Silvia Garza Galván demandó a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, al Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora, al Congreso local y al presidente municipal de Ures garantizar a los afectados por el desastre ecológico en el Río Sonora el derecho humano al agua, a la salud y a un medio ambiente sano.

Mediante un punto de acuerdo enlistado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, exhortó a Pavlovich Arellano a que informe a la brevedad el motivo y la justificación técnica del por qué se disminuyeron de 36 a 9 plantas potabilizadoras, y si a pesar de esta reducción, será garantizado el acceso al agua del total de la población afectada.

Asimismo, solicitó a la gobernadora que, en coordinación con el Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora informe sobre el destino de los recursos del Fideicomiso y respecto al estatus en que se encuentra la construcción de la unidad para atención de afectados en la salud por la contaminación y, en su caso, se instale en la localidad que el Comité haya designado para su construcción.

Garza Galván recordó que hace tres años se derramaron sustancias químicas en el Río Sonora, por las malas condiciones en un tubo de polietileno de una de las piletas, así como por la falta de una válvula en una mina a cielo abierto, responsabilidad de la empresa minera Buenavista del Cobre, segunda productora de cobre más grande del mundo y subsidiaria de Grupo México.

Dicho desastre ecológico fue originado por el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre, lo que provocó afectaciones en siete municipios de Sonora, en los cuales viven más de 24 mil personas, dijo.

“La economía de dicha región se ha paralizado desde que las autoridades ordenaron a los agricultores y ganaderos de los siete municipios que conforman la región del Río Sonora alejar a sus familias y a sus animales del río, así como prohibir el uso de 322 pozos y norias,”, lamentó.
A pesar del daño ambiental y social que provocó la empresa, ésta sólo recibió una multa por 24 millones de pesos, al tiempo que le pidieron crear un fideicomiso por 2 mil millones, para la indemnización de los afectados, reveló la legisladora federal.

“De acuerdo con los datos de la página del Fideicomiso Río Sonora, que se creó para el seguimiento del uso de estos recursos, sólo hay reportes de pago por mil 28 millones de pesos, que el Comité de Cuenca Río Sonora (CCRS) no reconoce hayan sido utilizados para beneficio de la población, ni el saneamiento del medio ambiente contaminado, mientras que, por otro lado, se desconoce el destino de los recursos no ejercidos del fideicomiso”.
La legisladora dio a conocer que el informe del grupo de trabajo de la ONU señaló que el pago de indemnizaciones que hizo Grupo México a través del fideicomiso fue arbitrario, ya que “se estableció un número máximo de cabezas de ganado pagadas, sin tomar en cuenta el número real de animales afectados”.

La senadora panista reveló que ante la falta de acción por parte de las autoridades, los afectados por el derrame y pobladores en general han emprendido una serie de acciones legales, tanto individuales como colectivas, con las que se busca el resarcimiento de los daños a los pobladores afectados, pero también por los provocados al medio ambiente.

“No obstante, desde hace tres años a la fecha, pocos han sido los resultados. Las acciones más recientes han sido dos recursos: una acción colectiva difusa que pretende la reparación del daño al medio ambiente, y otra acción colectiva que persigue la indemnización de manera individual para cada uno de los afectados, a raíz de lo que perdieron con el derrame tóxico y las afectaciones a su salud”, resaltó.

Dos de las acciones más urgentes, agregó, son abastecer de agua a los habitantes de las 24 comunidades repartidas en siete municipios que bordean el río afectado y crear la unidad para atención de afectados en la salud por la contaminación.

En esa región, explicó, los pobladores utilizan el agua del grifo para consumo humano y para sus actividades agrícolas y ganaderas.

La compañía se comprometió a crear 36 plantas potabilizadoras, que posteriormente se redujeron a 9 con base en un diagnóstico de necesidad; sin embargo, solo existe una, denunció.

En un informe del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre empresas y derechos humanos, divulgado a finales de junio de 2016, se detalló que la empresa justificó la ausencia de las plantas potabilizadoras argumentando que las autoridades municipales “no tenían capacidad” para operarlas, por lo que sería “irresponsable” su construcción, advirtió.

Ante ello, la Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático reiteró que “hoy, a tres años del desastre ecológico, los pobladores siguen buscando la restitución de sus derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano, todos reconocidos en nuestra Carta magna y en los tratados internacionales de los que México es parte”.