Por: Redacción/

La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, pidió investigar y sancionar las presuntas faltas administrativas de cohecho cometidas por Rocío García, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ante las acusaciones hechas por trabajadoras y trabajadores de la institución.

Refirió que el pasado 3 de mayo se dio a conocer que Rocío García, valiéndose de una supuesta amistad de más de 20 años con el Presidente de la República, solicitó a las y los trabajadores de este Sistema, mensualmente, un monto en efectivo que va de entre el 2 y el 4% de su salario, que presuntamente se destinaría a un inexistente programa Ahijado.

En un comunicado, añadió que, derivado de esta petición, la directora Rocío García habría recibido alrededor de 658 mil 400 pesos mensuales que, anualmente, reportarían 7 millones 900 mil pesos, cuotas que fueron cobradas desde marzo de 2019, es decir, más de 15 millones de pesos.

Juárez Piña recordó que las y los trabajadores del Sistema DIF presentaron tres denuncias por estos hechos desde julio de 2020, en las que refieren que este dinero era depositado en tarjetas OXXO o directamente en las cuentas de los hijos de la propia Rocío García.

Explicó que el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que un servidor incurrirá en cohecho cuando exija, acepte, obtenga o pretenda obtener cualquier beneficio que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles; donaciones e indebidos para sí o para alguien con quien tenga relación personal, laboral o profesional.

“Como falta administrativa grave debió ser investigada oportunamente y no dejar pasar 10 meses por el Órgano Interno de Control, cuyo titular también incurrió en responsabilidad al no realizarlas”, apuntó la perredista.

Por tal motivo, la líder parlamentaria presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar al Órgano Interno de Control del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para que deslinde las responsabilidades administrativas que correspondan por el cohecho cometido por la directora en agravio de las y los trabajadores del Sistema DIF.

Asimismo, exigió también a la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública investigar y, en su caso, sancionar, la tardanza en las investigaciones de las denuncias interpuestas por trabajadores del Sistema DIF en contra de su titular.